nte la propuesta de reducir el impuesto al valor agregado (IVA), el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó ayer de populista y demagógica cualquier reducción de los impuestos para 2011. En la más reciente edición de su Análisis económico ejecutivo, el organismo destacó la debilidad de las finanzas públicas nacionales por su dependencia de los ingresos petroleros y criticó que las iniciativas de reducción impositiva no vengan acompañadas de propuestas para compensar la disminución consecuente en los ingresos públicos.

Aunque acierta en el punto de la indebida dependencia gubernamental de las exportaciones petroleras, el planteamiento referido omite las razones por las cuales se ha llegado a tal circunstancia: por un lado, el infladísimo gasto corriente, derivado de una frivolidad injustificable y de las abusivas percepciones que los altos funcionarios se asignan en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno; por el otro, una política fiscal que privilegia a los grandes empresarios con regímenes especiales, cancelaciones de créditos fiscales y otras medidas que representan, en las finanzas nacionales, un hueco anual de cientos de miles de millones de pesos.

El primero de esos vicios revela la absoluta incongruencia entre un grupo gobernante que se mantiene fiel al postulado neoliberal de adelgazar al Estado sólo cuando su aplicación beneficia a sus socios empresariales, pero que se obsequia con la expansión injustificada de personal (por lo general, disfrazada mediante la contratación de asesorías y consultorías) y con ofensivos incrementos a los emolumentos y prebendas de sus integrantes, de por sí desproporcionados.

El segundo, la evasión tolerada de impuestos por los grandes consorcios empresariales, que ha sido reprochada incluso por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y configura una de las injusticias más exasperantes del México actual, donde los que menos tienen –asalariados, profesionistas, pequeños empresarios, consumidores de productos de la canasta básica– son quienes aportan la porción más importante de la recaudación fiscal, en tanto un puñado de grandes empresas no sólo reciben los beneficios fiscales de los llamados regímenes especiales –tasas impositivas preferentes, condonación de adeudos, cancelación de créditos y devoluciones multimillonarias–, sino obtienen importantes cantidades de subsidios –desde recursos del Procampo, en el caso de algunas agroindustrias, hasta dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como ocurre con algunas industrias trasnacionales– y, en algunos casos, como quedó en evidencia tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, gozaban de exenciones de hecho en el pago de servicios como la electricidad.

El grueso de la población, en tanto, se encuentra sometido a una sobrexplotación fiscal, decretada por el Legislativo el año pasado, y desprotegido desde hace décadas en el ámbito de la política social.

La reducción general de impuestos no sólo es deseable para atenuar impactos de la crisis que siguen presentes, sino también para sustentar una real reactivación económica; es, además, posible, en la medida en que el grupo gobernante reduzca su gasto desmesurado, se combata en forma efectiva la corrupción y se ponga fin a una política fiscal que privilegia a un reducido grupo de empresas y empresarios que depreda la economía de la mayor parte de la población y que constituye un ineludible factor de inconformidad social.