La comparecencia del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, por la glosa del cuarto Informe de gobierno estuvo enmarcada por duras críticas de diputados de  PRI, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza a la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado, a la que consideraron torpe, ciega y errática porque, dijeron, ha propiciado el incremento en el número de ejecuciones y de violaciones a los derechos humanos de cientos de personas desde 2006.

Durante más de cuatro horas el funcionario respondió a una cascada de cuestionamientos que fueron desde los “shows mediáticos” en casos de detención de presuntos delincuentes por la Policía Federal (PF) –exhibidos ante los medios de comunicación– hasta la evolución del patrimonio del funcionario, que incluye una casa de unos 20 millones de pesos, así como sus presuntos vínculos con capos de la droga y otras acusaciones personales.

Casi desde el inicio de la comparecencia ante la Comisión de Seguridad, y en respuesta a planteamientos hechos por el diputado del PT Jaime Cárdenas, García Luna rechazó haberse reunido con el extinto capo Arturo Beltrán Leyva.

Sostuvo que no tuvo nada que ver con la salida de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2009, del titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, a quien llamó su amigo. Aseguró que no protege a Joaquín El Chapo Guzmán, ni a ningún otro narcotraficante; indicó que su patrimonio es producto de sus 22 años de servidor público y, al contrario de la opinión de los legisladores, refirió que la estrategia anticrimen sí está funcionando y dará resultados positivos al final del sexenio.

También se reclamó al titular de la SSP federal la desprotección de alcaldes y funcionarios públicos municipales que han sido asesinados en fechas recientes en diversas entidades. De hecho, la comparecencia se inició con un minuto de silencio por la muerte de Gustavo Sánchez Cervantes, quien en diciembre fue nombrado presidente del concejo municipal de Tancítaro, Michoacán.

“No es posible que todos los días nos despertemos con una noticia como la de hoy (la ejecución de Sánchez Cervantes); esto nos habla de que no existe el control de las medidas de seguridad; es demasiado dinero el que se destina para ese rubro. ¿No será mejor invertir todo eso en educación, en salud y en mejorar el empleo?”, reprochó la diputada Teresa Ochoa, de Convergencia.

Lo único que han demostrado es que ustedes son extraordinariamente buenos para derramar sangre, expresó por su parte la petista Teresa Guadalupe Reyes. A su vez, la diputada del PRD Teresa Incháustegui indicó que mientras los recursos que el gobierno federal ha destinado al combate al crimen organizado se han sextuplicado, los índices de criminalidad se han mantenido estables en una década.

Por eso “afirmamos que la administración federal debe cambiar el enfoque de su estrategia, porque el problema de la delincuencia organizada no ha sido bien entendido ni los resultados han sido positivos. Esta estrategia sólo busca el descabezamiento de los cárteles, pero no combate su estructura financiera ni el lavado de dinero”.

Desde el inicio de su comparecencia, García Luna aseguró que en la última década los homicidios disminuyeron 0.5 por ciento, pero reconoció que a partir de 2007 la tendencia a la baja que se venía registrando se revirtió y los asesinatos comenzaron a incrementarse.

Pese a las cifras alentadoras presentadas por García Luna, los diputados de oposición señalaron que la sociedad percibe un clima de inseguridad total en diversos estados, además de que el sistema penitenciario ha demostrado ser un fracaso, según expuso la diputada del PRI María de Jesús Aguirre Maldonado.

Los temas que más incomodaron al funcionario, pues incluyeron calificativos de asesino y corrupto, fueron planteados por los diputados petistas Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. García Luna negó todos los señalamientos de corrupción y de montajes mediáticos que le hicieron.

Respecto de si soy asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar las pruebas ante la autoridad competente sobre un delito. Yo estoy a su disposición, yo sí no tendré ningún cobijo de fuero, replicó García Luna.

Interrogado por el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), de si hay o no el compromiso de pagar los sueldos caídos a las familias de siete policías federales secuestrados hace diez meses, García Luna elevó el tono de la voz y dijo: ¡No es mi culpa, así es la ley!