La Procuraduría General de la República (PGR) aún no se da por vencida en el caso conocido como el michoacanazo, por lo que seguirá litigando el tema en tribunales, hasta demostrar los presuntos nexos de diversos funcionarios de Michoacán –estatales y municipales– con miembros del cártel de La Familia, revelaron ayer fiscales de esa dependencia que pidieron no mencionar sus nombres.

A pesar de que sólo queda detenido uno de 35 servidores públicos michoacanos que durante 2009 fueron capturados bajo acusaciones de tener vínculos con el crimen organizado, los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) optaron por impugnar los fallos judiciales de primera instancia, que han ordenado la libertad de casi todos los inculpados.

Según las fuentes consultadas, agentes del Ministerio Público Federal pidieron a tribunales de alzada (magistrados unitarios) que revoquen los autos de libertad y ordenen la reaprehensión de varios alcaldes y funcionarios de la administración del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

En los próximos meses, al menos tres tribunales unitarios de circuito estudiarán los recursos de apelación presentados por la PGR y determinarán si los jueces de primera instancia resolvieron conforme a derecho, o si el caudal probatorio aportado por la autoridad ministerial es suficiente para juzgar por delincuencia organizada a los 34 funcionarios michoacanos que han sido liberados en el transcurso de los 14 meses recientes.

En ese contexto, el juez federal Efraín Cázares López dio inicio ayer a un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, solicitado por los abogados del alcalde de Múgica, el priísta Armando Medina Torres, único detenido aún por el michoacanazo.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, es probable que a más tardar en dos meses el juez Cázares ordene la libertad de Medina.

“El juez no puede variar el criterio que ha establecido con la liberación de los otros coacusados por el michoacanazo; las pruebas (de la PGR) han sido declaradas insuficientes, y es cuestión de tiempo para diligenciar algunas constancias pendientes antes de ordenar la libertad del inculpado Armando Medina”, dijo a La Jornada un funcionario del Poder Judicial federal que pidió mantenerse en el anonimato.

El pasado martes fueron liberados cinco servidores públicos vinculados al caso del michoacanazo, lo que ocurrió pocos días después de que también obtuviera su libertad el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Miguel García Hurtado, y de que Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel, protestara como diputado federal, aunque con una orden de aprehensión vigente.

Los ex servidores públicos que hace dos días abandonaron el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal fueron: Irlanda Sánchez Román, Alfredo Ramírez García, Noé Medina García y Faraón Martínez Molina, quienes fungían como policías ministeriales, así como Antonio Sánchez Gaytán, quien era policía municipal del puerto de Lázaro Cárdenas.