La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó el expediente contra Joaquín Cedillo Luna, empleado administrativo del juzgado 56 penal, quien hace un año confesó haber falsificado pedimentos judiciales para trasladar a internas de penales femeniles para ser prostituidas en los túneles del Reclusorio Oriente.

Pese a que un juez penal ya giró la orden de aprehensión correspondiente, el inculpado se encuentra en calidad de prófugo, pues desde el jueves pasado no se presenta a trabajar al juzgado 49, donde fue reasignado hace unos meses, y no se le ha podido localizar en su domicilio.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, confirmó que Cedillo Luna es acusado de falsificación de documentos, con los que pedía la salida de internas para que fueran trasladadas a diversos reclusorios sin que ningún juez lo solicitara.

La orden derivó de la denuncia que presentó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en contra del inculpado, al considerar que tiene responsabilidad penal, luego de que reconoció ante la misma juez 56, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, que alteró firmas en los pedimentos judiciales para solicitar la presencia de internas que no se encontraban a disposición de ese juzgado.

Según dijo, lo hizo con la finalidad de hacerles el favor a los internos estafetas, ya que éstos le referían que esas mujeres eran sus amigas, parejas, novias, esposas y que no tenían posibilidad de verlas. En retribución, ellos le hacían el favor de localizar más rápido a los internos requeridos a diligencias, según se expresa en la recomendación 4/2010 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por una presunta red de trata de personas en los reclusorios de la ciudad.

En tanto, el Consejo de la Judicatura local informó a la CDHDF, mediante un oficio, que será el 12 octubre cuando decida si acepta o no la recomendación 4/2010, pese a que el ombusdman capitalino, Luis González Placencia, le había fijado un plazo de 48 horas –que venció el lunes pasado– para pronunciarse al respecto, luego de que hace poco más de una semana el TSJDF devolvió el documento a la comisión con el argumento de que tenía que ser dirigido Consejo de la Judicatura y no al tribunal, pese a que ambos organismos los preside el magistrado Édgar Elías Azar.

Para no entrar en un debate de formalismos, la CDHDF señaló que decidió tomar la respuesta del magistrado como un rencauzamiento del procedimiento, mediante el cual se asume la obligación constitucional de dar respuesta a la comisión.