l titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos, dijo ayer que 30 por ciento de los consumidores en el país gastan más de lo que tienen, mientras 75 por ciento no saben utilizar su tarjeta de crédito, fenómenos que atribuyó a una falta de cultura financiera.

Semejantes cifras ponen en perspectiva un riesgo indeseable para el sistema financiero del país, al cual, por desgracia, no parecen ser sensibles las autoridades correspondientes, empezando por la propia Condusef. Aun concediendo la versión oficial de que la crisis económica de 2008 y 2009 no se tradujo en un incremento sustantivo en la cartera vencida del crédito al consumo –el propio Luis Pazos señaló recientemente que en los últimos dos años ha habido una reducción importante de la morosidad de usuarios de ese servicio en el país–, es claro que en las circunstancias actuales de desempleo, carestía generalizada e insuficiencia en los ingresos de la población el uso de los plásticos tiende a convertirse en un mecanismo de supervivencia básica para millones de familias mexicanas, e incluso para postergar por un tiempo –no mucho– el deslizamiento hacia la situación de pobreza.

El factor originario de esa circunstancia, sin embargo, no es una falta de cultura financiera de los consumidores, sino la continuidad de una política económica que se traduce en nulas perspectivas de incremento al poder adquisitivo de los salarios (indicador que ha retrocedido más de 40 por ciento en menos de una década) y en alzas generalizadas en impuestos, tarifas, productos de primera necesidad y servicios –lo cual a su vez, merma las inversiones productivas y la creación de puestos de trabajo–, elementos que, sin embargo, son soslayados en el análisis del titular de la Condusef.

Al intentar trasladar a los usuarios las responsabilidades por el mal manejo de los servicios financieros, el titular de la Condusef pasa por alto además un hecho central: que han sido las propias instituciones financieras las que, en su afán frenético de obtener ganancias económicas, han incurrido en prácticas –como la colocación desmedida e irresponsable de tarjetas de crédito– que tienden a incrementar los niveles de endeudamiento y de morosidad y, por ende, de inestabilidad y riesgo financiero. A la postre, los costos de esa irresponsabilidad son transferidos a los propios usuarios a través de las tasas de interés leoninas y las comisiones exorbitantes que suelen cobrar los bancos por el uso de sus productos y servicios.

Con estas consideraciones en mente, es evidente que la corrección de los vicios y las conductas depredadoras de la banca en el país no pasa por el incremento en la educación financiera de sus usuarios sino, ante todo, por la aplicación de medidas de control y regulación oficial de esas instituciones, que hoy por hoy tienen en México un mercado de rapiña, mucho más ventajoso que en sus entornos de origen.

Si lo que se quiere es evitar la configuración de escenarios futuros de catástrofe financiera y económica, es pertinente y necesario que el organismo que encabeza Luis Pazos abandone su proverbial parcialidad –complacencia a las instituciones bancarias y desprotección de los usuarios– y que el gobierno en turno deponga su defensa a ultranza del principio de libre mercado. En vez de culpabilizar a los usuarios de servicios financieros, las dependencias económicas del gobierno federal tendrían que defenderlos de los abusos y las malas prácticas, y aplicar medidas de rescate a los deudores atrapados en la cartera vencida.