Los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran entre la violencia relacionada con el tráfico de drogas y las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por la fuerzas armadas, la mayoría de ellas impunes, señala el informe Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México.

El estudio, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), presenta varios casos en los que se documentan abusos, como asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, entre otros, cometidos en la región por militares contra personas no relacionadas con el narcotráfico.

Los ciudadanos en Juárez no sólo tienen miedo de los criminales, sino también de las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de garantizar su protección, señaló Maureen Meyer, coordinadora del programa para México y Centroamérica de WOLA y coautora del informe.

El documento, dado a conocer ayer, señala que a raíz de que el gobierno federal implementó el Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo de 2008 –con el que se desplegaron más de 3 mil soldados en el estado, particularmente en la urbe fronteriza–, se han incrementado considerablemente la violencia y los abusos de militares contra la población.

La situación de inseguridad en la región es tan alta que, de acuerdo con una encuesta elaborada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el gobierno municipal y la Organización Panamericana de la Salud (retomada en el informe), alrededor de 230 mil personas abandonaron la ciudad en los pasados dos años.

Los datos del análisis de WOLA y el Centro Prodh muestran que en 2008 la tasa de homicidios en Ciudad Juárez fue de 130 por cada 100 mil habitantes, cifra que un año después ascendió a 191 asesinatos por el mismo indicador. En ambos casos la urbe presentó la tasa de homicidios más alta del país y una de las más altas del mundo.

A pesar de la presencia masiva de militares en Chihuahua durante más de dos años, especialmente en Ciudad Juárez, los niveles de violencia no se han reducido. Por el contrario, entre 2006 y 2009 se cometieron más de 4 mil 900 homicidios, y en el primer semestre de 2010 hay al menos mil 300 asesinatos más.

Agrega que a raíz de la presencia militar las violaciones a garantías fundamentales también se han incrementado. A pocos meses del comienzo del Operativo Conjunto en 2008, Chihuahua ya encabezaba la lista de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones cometidas por militares, con 199 registradas en los primeros seis meses de ese año.

Los abusos militares más frecuentes son tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y seguridad jurídica.

El informe añade que cuando los sospechosos detenidos son trasladados ilegalmente a instalaciones militares los agraviados son interrogados por personal militar, que les sacan información por medio de tortura: golpes, toques eléctricos, sumersión en agua o les cubren la cabeza con bolsas de plástico.

Quienes denuncian abusos corren el riesgo de ser amenazados, atacados e incluso asesinados, advierte el análisis. Como ejemplo está el caso de Josefina Reyes, defensora de derechos humanos asesinada en enero de 2010, crimen que para muchos está relacionado con su actividad. O las amenazas contra muchos de sus colegas, como Cipriana Jurado, quien ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además está el caso de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, crítico de la estrategia anticrimen del gobierno federal, quien fue víctima de amenazas que lo obligaron a huir de la ciudad.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, sostuvo que la proliferación de violaciones a los derechos humanos en el país, en particular en Juárez, es resultado de la falta de castigo a los soldados que cometen abusos.

El informe concluye que aun con la sustitución de militares por policías federales, los abusos no han disminuido, por lo que demanda que las violaciones a las garantías fundamentales sean sancionadas.