Nueva York, 6 de octubre. El gobierno de Barack Obama se congratuló hoy al anunciar que ha logrado deportar una cifra récord de personas y que ha auditado y penalizado a más empresas por contratar inmigrantes ilegales en dos años, que el total del gobierno anterior.

Al enfatizar que las políticas de aplicación de las leyes de inmigración del gobierno de Obama son más firmes y efectivas que nunca, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y su jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) John Morton, anunciaron hoy que en el año fiscal 2010 lograron remover un total de 392 mil inmigrantes –más que nunca según ellos. Esto representa un incremento de más de 23 mil deportaciones en total sobre las estadísticas de 2008. La mitad de los deportados, más de 195 mil, eran criminales, un incremento de 81 mil más en el rubro de delincuentes, lo cual representa un aumento de 70 por ciento comparado con el gobierno de George W. Bush.

Este gobierno se ha enfocado en aplicar nuestras leyes de migración de una manera inteligente y efectiva que da prioridad a la seguridad pública y la seguridad nacional, y hace que los empleadores que de manera consciente y repetida violan la ley, rindan cuentas, afirmó Napolitano. Declaró en conferencia de prensa: hemos desplegado infraestructura sin precedente, tecnología sin precedente, y personal sin precedente, para lograr estos objetivos.

El gobierno informó que desde enero de 2009 el ICE ha auditado a más de 3 mil 200 patrones sospechosos de contratar mano de obra ilegal y ha impuesto aproximadamente 50 millones de dólares en sanciones financieras. El gobierno señaló que en menos de dos años ha realizado más investigaciones que durante todo el periodo del gobierno anterior.

El gobierno resaltó que su enfoque principal es remover inmigrantes que han cometido delitos.

Pero para promotores de una reforma migratoria, el anuncio de hoy fue criticado por no abordar temas como los abusos al aplicar estas iniciativas a nivel local, ni las condiciones dentro de las instalaciones de detención para miles de inmigrantes.

El Centro de Derechos Constitucionales y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) criticaron hoy que algunas de las políticas de coordinación entre autoridades federales y locales para aplicar las leyes de inmigración no son tan efectivas como proclama el gobierno, y citaron documentos oficiales obtenidos dentro de la Ley de Libertad de Información que revelan que 79 por ciento de los deportados bajo la iniciativa Comunidades Seguras no son criminales, o sólo han cometido delitos menores. Peor aún, denuncian que estas iniciativas llevan a violaciones de derechos civiles, tal como ejemplifica el caso de la oficina del famoso sheriff Joe Arpaio en Arizona. Además, siguen denunciando programas como el 287 (g), que otorga a policías locales poderes para actuar como agentes de inmigración.

El Foro Nacional de Inmigración denunció que este tipo de programas aún no cuenta con estructuras federales para evaluar o limitar abusos de fuerzas de seguridad a nivel local.

Por otro lado, Human Rights First reprobó que a pesar de algunas mejoras el gobierno de Obama no ha cumplido plenamente su compromiso de reformar el sistema de detención de inmigrantes, donde éstos continúan sin acceso a derechos básicos como representación legal ni apelaciones de sus casos. Informa que ese sistema mantiene a unos 33 mil 400 inmigrantes cada día en más de 250 instalaciones a través del país (hace un año eran 341), algunas de las cuales son administradas por el gobierno pero otras por empresas privadas que imponen condiciones penales y no civiles.

El Detention Watch Network, organización dedicada a monitorear este sistema de detención de inmigrantes, informa que dese 1994, el número de camas en ese sistema se ha incrementado de 5 mil a más de 33 mil, con un total de 1.7 millones de individuos que han pasado por esas instalaciones desde 2003. En promedio, el sistema de detención de inmigrantes aloja a unos 400 mil individuos por año. El costo anual es de 1.7 mil millones de dólares. De los inmigrantes detenidos 80 por ciento pasan por este sistema sin un abogado, a muchos se les niega una audiencia con derechos y son sujetos a todo tipo de abusos de sus derechos humanos, algunos incluso pasan años en esos centros. Unos 107 han muerto en detención desde 2003.