La pena máxima para los secuestradores que asesinen a las víctimas del plagio será de 70 años de prisión y el responsable del crimen estará obligado a reparar el daño material y económico infligido.

Con 353 votos en favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la minuta enviada por el Senado acerca de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Los legisladores consideraron el secuestro como el delito más grave, por la violencia y la angustia que provoca a las víctimas y sus familiares.

“La recurrencia de este delito no sólo impacta a los sectores pudientes de la sociedad: ahora todos los grupos –incluso los más humildes– son blanco de los secuestradores”, dijeron.

El diputado Josué Cirino Váldez, del PRI, fundamentó el dictamen aprobado en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos. Expuso que la ley distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que los obliga a coordinarse y cooperar, y determina el ámbito de sus atribuciones, con lo cual se establece, en términos prácticos, la federalización del combate al secuestro.

Al respecto, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del PRD, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, expuso los claroscuros de la minuta. “No es la legislación que pudiéramos desear en todos los aspectos, pero desde la perspectiva de que responde a un problema emergente que victimiza a grandes cantidades de la población, sí es un instrumento que se debe poner en práctica. No hay ley buena per se, pero la ciudadanía merecía una respuesta.”

Su compañera de bancada Dolores de los Ángeles Nazares reprochó que el presidente Felipe Calderón se comprometió a solucionar ese flagelo en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008, pero fue la sociedad civil la que hizo posible que se debatiera y aprobara.

Con la aprobación del dictamen ponemos en manos de las autoridades un instrumento jurídico que les permitirá prevenir, investigar, sancionar y combatir eficazmente el secuestro, y para que el Ministerio Público pueda integrar debidamente las averiguaciones. Ahora corresponde al Ejecutivo federal actuar de manera eficaz en el combate a ese delito. No caben pretextos, no caben dudas, no caben titubeos.

El diputado Humberto Benítez Treviño, del PRI, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que la ley obliga al Ministerio Público a actuar de oficio en todos los casos en que se cometa un secuestro, y al Poder Judicial, cuando emita sentencias, a ordenar la reparación del daño.

El responsable no es la sociedad, sino quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida y la tortura; por eso se justifican las penas hasta de 70 años (de prisión) cuando se priva de la vida a la persona secuestrada.

José Luis Ovando Patrón, del PAN, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió que el secuestro exige acuerdos para brindar mejores opciones de vida, un mejor marco legal para combatir a los delincuentes y sancionarlos de manera más severa.

Desafortunadamente, este delito se ha democratizado e impacta ya no sólo a un segmento social económicamente pudiente, sino afecta a los comerciantes en 27.8 por ciento. El 21 por ciento de las víctimas son estudiantes; 16, empleados, y 14.5 por ciento empresarios, refirió.

Por el PT, Jaime Cárdenas Gracia manifestó su desacuerdo con el dictamen, porque se trata de una ley vengativa que violenta los derechos fundamentales de los infractores. Ésta es una de las posiciones más difíciles que hemos tenido que defender los compañeros del PT, pero no vamos a ser cómplices de una ley que busca venganza, insistió.