Expertos en criminología, derecho penal y seguridad pública rechazaron que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro –que impone penas de 20 a 70 años de cárcel a plagiarios– vaya a inhibir la comisión de ese delito, y coincidieron en que sólo cuando se frene la impunidad y el gobierno federal aplique políticas públicas de corte social habrá resultados positivos en el combate a las bandas dedicadas a ese ilícito.

El ex fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) Samuel González apuntó en entrevista que es mucho más efectiva una pena equilibrada, pero segura, que una pena draconiana que nunca se aplique debido al factor impunidad.

Con González coincidió el académico José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien destacó que todo apunta a que la estrategia anticrimen busca construir más penales para seguirlos llenando con presos, la mayoría de ellos encarcelados por delitos menores. Nada más errático que eso.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves, con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la propuesta también conocida como ley antisecuestro, que además de aumentar los años de prisión, en una especie de cadena perpetua, prevé el resarcimiento del daño a las víctimas.

Desacuerdo del PT

La semana pasada, durante la discusión de esta ley, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT), manifestó el desacuerdo de su grupo parlamentario con la norma, al considerar que se trata de una ley vengativa y que violenta los derechos fundamentales de los infractores.

“El riesgo es que estamos entendiendo que la persecución del delito en la administración de justicia es totalmente represiva, y uno de los fines del derecho penal es la rehabilitación de las personas, lo que se llamaba antes ‘readaptación social’”, expuso el legislador petista.

En entrevista con este diario, Samuel González, doctor en derecho penal, refirió que el incremento en el delito de secuestros en México no se va a solucionar con el aumento de las penas, ni con volverlas imprescriptibles.

Agregó que para bajar la inseguridad pública es indispensable aplicar elementos que garanticen que los delitos no queden impunes, pero también con otros parámetros como la participación ciudadana y la aplicación de políticas públicas de corte social y pago de impuestos.

Si el gobierno mexicano tiene bolsas para que los empresarios no paguen impuestos por cantidades de dinero enormes, y el país continúa recaudando 9 por ciento del producto interno bruto, derivado de la recaudación fiscal, entonces, ¿cómo se van a desarrollar las políticas públicas sociales y las medidas de fortalecimiento de la prevención delictiva en los municipios y entidades de la República? Imposible, destacó. 

Refirió que su crítica mayor a la estrategia anticrimen del gobierno federal es que solamente vio el aspecto que se refiere al tema de cómo subir los recursos para las corporaciones de policía y el Ejército, pero no está viendo cómo desarrollar las políticas sociales.

De su lado, el profesor Piñeyro destacó que durante siglos la pena de muerte y la cadena perpetua han ido acompañadas de una idea de mantener bajo control el crimen, pero éste persiste. ¿Por qué? Porque los instintos que motivan la guerra de unos con otros no son, como la ley penal cree, fuerzas constantes de un estado de equilibrio, explicó.

El académico de la UAM aseguró que ha quedado demostrado, con experiencias de otros países, que la estrategia anticriminal basada exclusivamente en normas represivas no resuelve el problema de la delincuencia.

El combate al crimen debe ir acompañado de una política social y económica de estimulación a la generación de empleos bien remunerados, como una manera, precisamente, de reducir el ejército de reserva que tiene la delincuencia organizada entre la población desempleada, indicó Piñeyro.