Al cumplirse tres años de la suspensión de salarios y prestaciones a 68 trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), quienes se negaron a trasladarse a una nueva sede laboral que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, afirmaron que a pesar de haber ganado cuatro laudos en su favor ninguna autoridad educativa, laboral o judicial ha querido hacer justicia ni acatar la ley.

Joaquina Sandoval, una de las trabajadoras afectadas, destacó: han sido tres años muy difíciles en los que hemos luchado por nuestra fuente de trabajo. Demostramos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y ante distintas instancias colegiadas, que nos asiste la razón. En cuatro ocasiones los jueces han fallado en nuestro favor, tanto en el pago de salarios caídos como en la reinstalación en nuestros puestos.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha buscado por todos los medios no acatar las resoluciones que han emitidos autoridades laborales.

Sandoval recordó que a principio de este año los magistrados del decimosegundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, determinaron, de forma arbitraria y sin sustento legal, echar abajo los cuatro laudos que ya habíamos ganado.

Ministros volubles

Consideró que es inconcebible e inaceptable que los mismos magistrados que nos otorgaron en cuatro ocasiones la razón, y que escucharon nuestros testimonios y analizaron las pruebas presentadas, en su más reciente laudo cambien radicalmente de opinión, y le den la razón a la SEP.

Por ello, informó que hoy, integrantes del grupo de 68 trabajadores afectados se manifestarán frente al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, para exigir que nuestro caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideramos que se han agotado todas las instancias a las que podemos recurrir para que se aplique la justicia.

Sandoval agregó que ante las irregularidades en que ha incurrido los tres magistrados del decimosegundo tribunal –Miguel Bonilla Solís, María de la Luz Magaña y Francisco Sánchez Patiño–, presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por obstrucción de la justicia, pues señaló que desde enero pasado atrajeron el expediente de nuestro caso sobre despido injustificado, y hasta la fecha la JFCA no ha podido emitir el laudo, porque no han enviado los documentos.