a solicitud de poner fin a las relaciones laborales en Mexicana de Aviación, formulada por el administrador de la compañía, Javier Christlieb, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, constituye un nuevo golpe a las perspectivas de solución para esa empresa estratégica del sector aeronáutico y para la economía del país.
La medida es inadmisible no sólo porque atropella a miles de trabajadores de la empresa y carece de sustento legal –como reconoció ayer mismo el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón–; también lo es porque equivale, en el momento presente, a un sabotaje a los esfuerzos realizados en semanas recientes por acreedores y empleados para salvarla de la quiebra: cabe suponer que la solicitud, junto a las declaraciones como la formulada por el Consejo Coordinador Empresarial –que propaló en falso la quiebra de Mexicana, cuándo ésta se encuentra en un concurso mercantil vigente–, merman el ánimo de potenciales inversionistas y complican las posibilidades de un reinicio de operaciones.
Con todo, resulta difícil explicar que hasta ahora ningún grupo empresarial del país se haya decidido a invertir en una empresa que, a pesar de sus problemas financieros, tiene importantes activos –empezando por una marca con identidad y reconocimiento a escala mundial– y que en el primer semestre de este año desplazó, junto con sus subsidiarias, 65 por ciento del pasaje internacional que voló por aerolíneas del país. Tal circunstancia coloca a México en la perspectiva de sufrir una importante pérdida de la participación de las empresas nacionales en el mercado aeronáutico mundial y un debilitamiento de ese sector en beneficio de las compañías foráneas, similar a como ocurrió con el sector bancario, privatizado durante el gobierno de Salinas de Gortari, quebrado y rescatado con dinero público un sexenio después y actualmente en propiedad de consorcios internacionales. Significativamente, el grupo aeronáutico United Continental anunció el pasado martes un incremento en sus operaciones entre Estados Unidos y México para cubrir el hueco dejado por Mexicana de Aviación, y otro tanto había hecho ya Delta Airlines.
Esta situación, que gravita como factor de debilidad nacional, remata la actitud indolente de las autoridades federales ante la problemática que enfrenta la aerolínea, actitud que se ha expresado en diversos momentos: con la tolerancia mostrada ante los manejos empresariales sospechosos del corporativo encabezado por Gastón Azcárraga –empezando por la presumible transferencia del valor de Mexicana a sus subsidiarias de bajo costo, Click y Link–, con la falta de una intervención decisiva y oportuna ante la declaratoria de inviabilidad operativa y financiera de la empresa y la suspensión total de sus operaciones, y con la posterior declaratoria de concurso mercantil de la aerolínea, que equivalió a dejar a su suerte a trabajadores, usuarios y acreedores de la empresa.
La persistencia de esa actitud, sin embargo, puede resultar muy costosa para la nación: ante el espíritu unilateral de los administradores de Mexicana –reflejado en la solicitud de terminar con la relación laboral– y el estrechamiento en el número de inversionistas potenciales, es deseable y necesario que las autoridades abandonen la inacción que las ha caracterizado y se consagren a la búsqueda de una solución ante la compleja problemática de la aerolínea.
