El sistema judicial en México sigue en gran medida a expensas de las decisiones del poder Ejecutivo, por lo que su nivel de autonomía y confiabilidad es todavía insuficiente, en un entorno difícil dominado por la violencia del crimen organizado, la corrupción y los huecos legales que impiden un efectivo acceso a la justicia, advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul.

Al concluir su visita al país, que la llevó del 1º al 15 de octubre por seis entidades de la República, la funcionaria presentó ante los medios de infomación un resumen preliminar de las observaciones que enviará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011.

Aunque encomió los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país estará faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Lamentó en primer lugar que México vive un periodo crítico debido al aumento exponencial de episodios violentos vinculados principalmente al crimen organizado en gran parte del país, lo cual afecta la labor de todo el aparato judicial, por lo que llamó a adoptar cuanto antes un sistema integral de protección para todos los operadores de justicia.

En cuanto al nivel de independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo, señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Knaul evitó referirse a casos particulares, pero en el tema del llamado michoacanazo afirmó que las manifestaciones públicas y declaraciones de prensa distan de ser la forma correcta para afrontar la cuestión y poder solventar el diferendo jurídico, aunque omitió calificar esta acción del gobierno federal.

Uno de los puntos más débiles de la cadena de impartición de justicia, señaló, son los ministerios públicos, pues esta instancia también depende del Poder Ejecutivo, y ello puede minar la credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos.

Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances.

Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, ayerFoto Notimex

Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

Acerca de las reformas constitucionales en justicia penal y derechos humanos, Knaul consideró que el cambio del modelo inquisitivo al acusatorio es un paso adelante, y recordó que siguen pendientes cambios a 11 artículos, que darían un mayor estatus a los tratados internacionales para proteger a los ciudadanos extranjeros.

“El acceso a la justicia –resumió– sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Puntualizó que el amparo se ha convertido en un recurso inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, y que casi todos los elementos del proceso de impartición de justicia tienen serias deficiencias, desde los agentes de policía, hasta los abogados, los defensores de oficio y algunos jueces.

Técnica sensacionalista

En la sesión de preguntas, Knaul se manifestó por desaparecer la figura del arraigo, ya que viola el principio de presunción de inocencia de los acusados, y lamentó que todavía se recurra a la técnica sensacionalista de presentar a indiciados ante los medios como si ya se hubiera comprobado que son criminales.

Finalmente, la relatora consideró que la propuesta de crear una policía única, a discutirse próximamente en el Senado, puede ser un mecanismo positivo para mejorar el sistema de impartición de justicia.

Si bien todavía existen fallas en múltiples sectores del aparato judicial mexicano, apuntó, en general sigue funcionando, aunque el aumento en el grado de violencia que vive el país puede dar la impresión de que no es así.