Tuxtla Gutiérrez, Chis., 14 de octubre. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y Artículo 19, entre otras, acusaron al gobierno estatal de abusar del derecho penal al invadir competencias de la Federación y desmantelar Radio Proletaria y detener a sus operadores, entre ellos un menor de edad, el pasado 12 de octubre.

En un pronunciamiento conjunto, denunciaron que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado atentaron contra la libertad de expresión y criminalizaron la labor periodística.

En la detención y el desmantelamiento se cometieron violaciones a los derechos humanos y las autoridades locales incurrieron en abusos graves como allanamiento de morada y uso indebido de la fuerza pública, dijeron.

El análisis jurídico del caso, efectuado por el abogado de la Amarc Sergio Méndez Silva, explica que el gobierno de Chiapas invadió el ámbito de competencia de la Policía Federal, ya que sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien debería denunciar, si fuera el caso, que Radio Proletaria violaba el espectro radiofónico.

En el caso del detenido Carlos Martínez, fue directamente acusado por la Procuraduría de robo del espectro electromagnético. Esta acusación, además, se agrava, pues se trata de un menor de edad, lo que viola la Convención sobre Derechos del Niño signada por el Estado mexicano. El joven alcanzó su libertad caucional tras el pago de una fianza de 8 mil pesos.

La condena fue compartida por el Centro Nacional de Comunicación Social, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Periodismo y Ética Pública y Radio Frecuencia Libre 99.1 FM.