El Estado mexicano debe instrumentar una política de cumplimiento de las recomendaciones que han dirigido organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque en la actualidad ha hecho caso omiso de tales señalamientos, y en esa medida el sistema judicial del país sigue sin resolver sus graves carencias y lagunas.

De esta forma se expresaron activistas de derechos humanos consultados por La Jornada, quienes hicieron un balance de las conclusiones preliminares que el pasado viernes dio a conocer la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, quien denunció que el Poder Judicial aún depende en gran medida del Ejecutivo.

Humberto Guerrero, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que lo más preocupante es la falta de avance en el sistema de impartición de justicia, ya que en 2010 las observaciones críticas son las mismas que se hicieron en 2001.

El que esos focos rojos sigan encendidos, sobre todo en lo referente a la designación de jueces, la vigencia del arraigo, y las violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias, demuestra que el Estado mexicano hace caso omiso de las recomendaciones.

La apertura del gobierno al escrutinio internacional ha sido una cuestión meramente formal y de imagen, para promocionarse al exterior, pero sin que haya compromiso real de garantizar los derechos humanos en el país, aseveró.

Por su parte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, coincidió en que el gobierno mexicano debe ser coherente con su discurso y acatar las diversas recomendaciones que ha recibido.

El hecho de ignorar las observaciones, e incluso adoptar una actitud hostil contra los relatores de derechos humanos, como ocurrió en 2001 y otros años, hace pensar que lo único que pretenden las autoridades es continuar en la simulación.

Seguimos esperando que el gobierno reaccione ante casos como el de Campo Algodonero, Rosendo Radilla y otros. La relatora interpeló una parte esencial del sistema de justicia, como el referente a las aberraciones legales del fuero militar y el arraigo, afirmó.

Knaul señaló aspectos gravísimos en sus recomendaciones, y ahora deberían cumplirse, pues de lo contrario vamos a ver sentencias sin que se atienda ninguna y mientras el país toca fondo por la impunidad, lamentó.