El juez federal Efraín Cázares no fue el único que emitió resoluciones de libertad en favor de alcaldes y funcionarios implicados en el llamado michoacanazo, ya que también otro juez de distrito, un magistrado unitario y tres miembros de un tribunal colegiado penal emitieron fallos en ese sentido.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo presentó queja administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra Cázares, revelaron funcionarios del Consejo de la Judicatura.

Sobre el contenido de la presunta llamada telefónica –difundida la semana pasada profusamente en programas de noticias de radio y televisión– entre Julio César Godoy Toscano y Servando Gómez, La Tuta, líder del cártel de La Familia, un secretario de acuerdos del juzgado primero de distrito de Morelia, que pidió no mencionar su nombre, reveló a La Jornada que esa grabación fue desestimada como prueba de cargo por las autoridades judiciales, debido a que no se tuvo registro de voz que permitiera confirmar que la persona con la que hablaba Godoy fuera La Tuta.

Godoy Toscano debe presentarse este lunes ante la sección instructora de la Cámara de Diputados que analiza su desafuero por presuntos nexos con el crimen organizado, donde, entre otras pruebas, se analizarán una serie de llamadas telefónicas como la que supuestamente efectuó el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, con La Tuta.

Ayer, entrevistada al término de un acto del Gobierno del Distrito Federal en el que se conmemoró el 57 aniversario del derecho al voto de la mujer, la diputada perredista Leticia Quezada confió en que su compañero de bancada se presente hoy ante la instancia legislativa, luego que el pasado viernes faltó a la cita en la que se le informaría de la segunda imputación que le hizo la PGR por lavado de dinero, al argumentar que su madre estaba enferma.

Sobre el caso de la queja administrativa presentada contra el juez federal Cázares, las fuentes consultadas indicaron que la comisión disciplinaria del CJF elaborará a más tardar en noviembre próximo un dictamen en el que determinará si éste se hará acreedor a algún tipo de sanción de carácter administrativo, la cual puede ir desde una simple amonestación por escrito hasta la suspensión temporal o definitiva de su cargo como juez primero de distrito en Michoacán.

Cualquier tipo de sanción que impone el CJF puede ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia de revisión de ese tipo de asuntos.

El impartidor de justicia tiene derecho a presentar alegatos en su defensa, los cuales, en la mayoría de este tipo de litigios, son elaborados y redactados por abogados especialistas en derecho administrativo contratados por los juzgadores acusados de alguna falta.

A partir de marzo pasado, cuando dejó en libertad al presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el juez Efraín Cázares emitió diversas resoluciones en sentido semejante, es decir, que dejaron sin efecto las endebles acusaciones de la PGR contra alcaldes y funcionarios estatales y municipales detenidos a partir del 26 de mayo de 2009.

No obstante, cuando se llegó casi al desenlace de ese caso iniciado con gran escándalo mediático, y que de las 35 personas detenidas inicialmente –únicamente 32 fueron sometidas a proceso– sólo una queda presa, porque diversos juzgadores, y no sólo Cázares, no hallaron fundamento en los expedientes del Ministerio Público Federal, la PGR convirtió al juez primero de distrito de Morelia en una especie de enemigo público.

Tanto el procurador Arturo Chávez Chávez como la subprocuradora en Delincuencia Organizada, Marisela Morales, concentraron en sus actuaciones la explicación de lo sucedido, argumentando que no se ha llegado al final del caso y, al contrario, que el propio juez puede ser involucrado.

En conferencia de prensa, los funcionarios de la PGR anunciaron la presentación de una queja ante el CJF. Chávez Chávez precisó en su momento que el punto central en que se sustenta la queja es la resolución donde (el citado juez) le otorgó (a Godoy Toscano) una suspensión de la suspensión (sic) de sus derechos políticos.

En meses pasados, los titulares del tribunal unitario penal de Zacatecas, del juzgado primero de distrito de amparo en Nayarit y del primer tribunal colegiado en Michoacán también emitieron resoluciones de libertad en favor de varios de los funcionarios involucrados en el llamado michoacanazo, pero contra ellos no hay queja de la PGR.