La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo ayer que la iniciativa de reforma al fuero militar planteada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa es insuficiente en el catálogo de delitos, observación en la que coincidió Amnistía Internacional (AI).

En el mismo sentido, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indicó que la propuesta calderonista es un esfuerzo importante para hacer frente a la impunidad histórica de la que ha gozado el Ejército por violaciones a los derechos humanos, pero queda corto ante lo que se esperaba de México.

La ONU destacó en un comunicado que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal abre una ruta para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones de su propio Comité de Derechos Humanos.

En tanto, previo a que el presidente Calderón enviara su propuesta de reforma constitucional en la materia, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, refirió que excluir del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación para que las autoridades castrenses responsables sean juzgadas en tribunales civiles es un avance, aunque criticó que otros ilícitos igualmente graves, como las ejecuciones extrajudiciales, no estén contemplados en el proyecto de reforma mexicana.

La Organización de Naciones Unidas llamó a que la discusión que se dé en el Congreso garantice que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles, y que las víctimas de dichos abusos tengan acceso a recursos eficaces.

Por su parte, Amnistía Internacional lamentó que la iniciativa de Felipe Calderón sólo contemple la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar, y también convocó a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la CIDH.

Si la propuesta del mandatario no fuera modificada, sólo podrían remitirse a la justicia civil los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, y quedarían fuera otros ilícitos graves, como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio.

AI agregó que es preocupante el papel del Ministerio Público Militar, ya que esta instancia puede actuar como un candado que bloquee a la justicia civil, como han demostrado casos recientes de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, cuya evidencia nunca fue reconocida.

De su lado, la encargada del programa WOLA, Maureen Meyer, sostuvo que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por militares merecen una reforma integral al Código de Justicia Militar para que sus casos sean juzgados por cortes civiles.

La propuesta de Calderón, señaló la organización mediante un comunicado, “es un esfuerzo importante para hacer frente a la impunidad histórica de la que ha gozado el Ejército Mexicano por violaciones a los derechos humanos, pero queda corto ante lo que se esperaba de México.

La ruta ahora abierta para armonizar el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de protección de derechos humanos plantea retos evidentes dada la insuficiencia, entre otras, del muy limitado catálogo de exclusiones que se incorpora a la iniciativa, puntualizó el organismo.