El Senado dio entrada ayer a la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que envió el pasado lunes el Ejecutivo federal. Sobre el documento, legisladores de PRD y PT advirtieron que se trata de una simulación que busca fortalecer la jurisdicción militar y deja fuera delitos como homicidio, ejecuciones, despojos y detenciones arbitrarias cometidas por soldados que participan en la lucha contra el crimen organizado, además de que la desaparición forzada de personas es imprescriptible.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, la senadora petista Rosario Ibarra, sostuvo que la reforma de Calderón “no sólo violenta la Constitución, sino conculca compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que lo obligan de manera inexorable.

La desaparición forzada de personas es imprescriptible, de acuerdo con la convención interamericana sobre esta materia en su artículo VII, en el que se detalla de manera clara que tanto la acción penal como penas judicialmente impuestas no están sujetas a prescripción, subrayó.

Recordó: Mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, tiene 35 años desaparecido. No se vale que quieran dar impunidad a los militares. Vamos a pelear todos los integrantes del Comité Eureka por que esta reforma no se apruebe. En ninguna parte de América Latina el delito de desaparición forzada de personas prescribe. Mucho menos se lo vamos a permitir a un presidente ilegítimo.

A su vez, Pablo Gómez Álvarez, senador del PRD, preguntó: ¿Por qué no incluyó el Ejecutivo en su propuesta de reforma a los militares que en ejercicio de sus funciones maten, ejecuten a civiles y (cometan) otros delitos? La doctrina internacional de derechos humanos establece que (los casos de) las víctimas civiles de los militares en ejercicio de sus funciones deben ser vistos en tribunales civiles. No lo limita sólo a tres delitos: desaparición forzada, violación sexual y tortura.

El perredista insistió: La reforma de Calderón es una simulación, ya que responde sólo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que le llegaron casos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, pero la idea es que la modificación a la legislación castrense se apegue a la doctrina internacional.

Con esta propuesta de Calderón lo que hace el gobierno es fortalecer la jurisdicción militar. ¿Por qué no respetan la Constitución, la cual señala que la jurisdicción militar es exclusivamente sobre las faltas y delitos cometidos contra el Ejército, contra la Armada, y lo que son delitos en contra de civiles tienen que ser investigados y sancionados por autoridades civiles?

Además, es un error o un disparate fijar en una ley que no habrá amnistía. La amnistía es una ley y no se puede decir que el Congreso no ejercerá una facultad constitucional. Lo que debiera decir, en todo caso, es que no habrá indulto.

Finalmente, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal Ávila, destacó: La reforma calderonista sobre el fuero castrense resulta incompleta e insuficiente. Tiene que incluir todos los delitos que cometan militares en contra de civiles.