La iniciativa que envió el presidente Felipe Calderón al Senado para modificar el Código de Justicia Militar es una propuesta limitada e insuficiente que no afecta las condiciones de impunidad de los militares que cometen delitos contra civiles, señalaron representantes de al menos 13 organizaciones de derechos humanos y especialistas en materia de seguridad.

Incluso, algunos advirtieron que dicha iniciativa mantiene inalterable la actividad que desarrolla el Ejército en labores de seguridad pública, y que la idea de crear una policía ministerial militar fortalecerá la estructura autoritaria que detenta el mando castrense.

Victoria Unzueta, asesora de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, quien ha seguido de cerca este tema, sostuvo que entre las novedades que presenta esta reforma destaca el que por primera vez se establece en el fuero militar el principio de presunción de inocencia y la obligación para que las fuerzas armadas lleven un registro inmediato de las detenciones que lleven a cabo cuando participen en labores de seguridad pública.

Al participar en el seminario internacional México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, Unzueta lamentó que la propuesta mantenga inalterable el diseño institucional del sistema de justicia militar.

Por separado, el presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, se refirió a la iniciativa como una propuesta fragmentada que sigue sin cumplir con los tratados internacionales en la materia.

Tal como está en este momento, la medida es sólo un paliativo que refleja la falta de voluntad del gobierno para terminar con los graves obstáculos que impiden a las víctimas el acceso a la justicia, además de una simulación para seguir aparentando que se cumple con las disposiciones internacionales de derechos humanos cuando no es así, dijo.

Para Arriaga, es urgente que la iniciativa se modifique para que cualquier delito cometido por militares sea juzgado por autoridades civiles, tal como establece el sistema interamericano de justicia, según el cual la jurisdicción castrense debe tener un carácter restrictivo y excepcional.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, afirmó por su parte que la iniciativa debió haber sido presentada desde hace muchos años, puesto que los delitos cometidos por militares datan de hace más de una década, y consideró que el documento no cumple con las exigencias de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, dijo que el hecho de que la iniciativa reserve para la justicia civil los casos en que los soldados cometan los delitos de desaparición forzada, secuestro y violación, exclusivamente, es un paso. No obstante, indicó, faltaría saber si esta iniciativa cumple con la sentencia emitida por la CIDH, la cual sentenció al gobierno mexicano en el caso del activista desaparecido Rosendo Radilla, a que los soldados que cometan delitos en contra de civiles sean juzgados por el fuero de guerra.

Argumentó que el tema de fondo no tendría que ver con los delitos en específico que debe conocer la justicia civil, sino que cuando las fuerzas armadas actúan como autoridades civiles o contra ciudadanos comunes (sus integrantes) tienen que ser juzgados por la autoridad civil, éste es el fondo.

Entre las organizaciones no gubernamentales que se manifestaron ante este tema se hallan los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan (Guerrero), de las Mujeres de Chihuahua, de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Jalisco), Por la Justicia y el Derecho Internacional, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero (Michoacán), Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos y Democracia.

Con información de Fernando Camacho