Quito, 20 de octubre. El gobierno de Ecuador advirtió tajante que hará cumplir la norma constitucional que establece la venta de las acciones que los banqueros tengan en medios de comunicación, cuyo plazo de dos años para hacerlo venció este miércoles, ya que de lo contrario los títulos les serán confiscados, en medio de denuncias de la oposición de que el Estado quiere monopolizar el sector.

La disposición está establecida en la Constitución aprobada en referendo y en vigencia desde el 20 de octubre de 2008, acorde con una propuesta del presidente Rafael Correa durante su campaña de 2006. Desde entonces, el mandatario dijo que planeaba prohibir el incesto en las relaciones entre el sector financiero y los medios, a un grupo de los cuales tilda de opositor, corrupto y mediocre.

Horas antes de la finalización del plazo en la medianoche del miércoles al jueves, la Superintentencia de Telecomunicaciones anunció que procederá a la incautación de los bienes de aquellos banqueros y personas vinculadas con el sistema financiero que ignoren el cumplimiento de la disposición, en cuanto a que deben deshacerse de sus acciones y participaciones en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, periódicos o revistas.

La Superintendencia de Bancos y Seguros indicó en un comunicado que los accionistas deben concretar la enajenación antes de la medianoche del miércoles o de lo contrario los títulos de inversión o participación deberán ofertarse a través de bolsas de valores o llevarse a subasta pública. Añadió que los financistas deberán presentar una declaración de bienes a más tardar el 29 de octubre.

El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, advirtió que los banqueros que no vendan sus acciones perderán la concesión; aquí no hay medidas tintas. No obstante, dijo que tendrán derecho a la defensa, como establece la ley, y que se busca la transparencia de los medios.

El grupo más grande afectado por la disposición es Fidel Egas Grijalva, del Banco Pichincha, y Diners Club, que poseía la cadena televisiva Teleamazonas –crítico del gobierno de Correa–, cuatro revistas y un pool de radios, que ante la disposición decidió vender a empresarios españoles y peruanos y a algunos empleados que optaron por la compra mediante el establecimiento de un fideicomiso.

Teleamazonas Quito era propiedad de la inmobiliaria Inriopa y Rigoletto, empresa 100 por ciento del banquero Fidel Egas Gijalva. Mientras que en relación a Teleamazonas Guayaquil, el paquete accionario estaba a nombre de Lucía Calero Fiallo, esposa del banquero, así como de Juan Pablo y Fidel Esteban Egas Sosa, los hijos. Cada uno con 33 por ciento de acciones.

Otro de los grupos poderosos de las finanzas y la comunicación era el del empresario Mario Canessa Oneto, quien decidió dejar el negocio financiero para dedicarse al de los medios de comunicación. Este hombre de negocio, de acuerdo con un comunicado emitido esta semana por el Banco de Machala, renunció a los cargos de presidente y representante legal de la entidad bancaria.

Optó por abandonar más de 35 años en el banco y concentrarse en dos medios de comunicación de su propiedad: Caravana, que es una televisora regional creada en 1994, que posee los derechos de transmisión de los partidos de futbol de su equipo River Plate. El otro medio es Caravana Radio, con cobertura en 18 ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca Machala, Ambato, Tulcán y Galápagos.

Canessa fue ministro de gobierno durante la presidencia del ex coronel Lucio Gutiérrez, y titular de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas durante seis años.

Los nuevos dueños de los medios de comunicación afectados por la disposición se darán a conocer hasta el 29 de octubre, según las autoridades.

Las normas vigentes indican que, en el caso de canales de televisión y las radios, las frecuencias pertenecen al Estado, por lo que la venta corresponde sólo a equipos e instalaciones. La superintendencia será la encargada de evaluar asimismo si se mantiene la concesión de las frecuencias.

La medida constitucional no afecta a los tres canales de televisión y dos periódicos que pertenecen al Estado tras incautaciones realizadas hace más de un año a deudores de bancos que quebraron en 1999, época de la crisis bancaria en Ecuador. Sesenta por ciento de esas entidades cerraron debido a la crisis.

La nueva Constitución ecuatoriana prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

El presidente Correa, relegido hasta agosto de 2013 y quien resistió un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre, emprende un nuevo pulso con este sector empresarial, promueve además una legislación para regular a la prensa, que algunos medios califican de mordaza, y que es tramitada en el Legislativo.

El diputado de oposición César Montúfar indicó que en un principio la ley fue motivada por las malas experiencias que tuvo Ecuador en 1998 en medio de la crisis bancaria, cuando hubo una interferencia de desinformación de los que eran dueños de los grande medios de comunicación.

Entonces, instituciones financieras se declararon en quiebra, lo que derivó en la dolarización de la economía ecuatoriana (en marzo de 2000) y significó pérdidas para Ecuador por unos 8 mil 600 millones de dólares, según Correa.

Con la ley se hablaba de una desmonopolización de los medios, pero lo que hemos visto en realidad es una remonopolización ya no en manos privadas sino en manos públicas, en manos del Estado. De siete medios nacionales, tres están dentro del control del gobierno, señaló el legislador.

El caso más sonado del enfrentamiento de Correa con la prensa es el del canal Telemazonas, que era propiedad de Fidel Egas, quien vendió mediante un fidecomiso. Al respecto, el presidente del Congreso, el oficialista Fernando Cordero, lanzó sospechas sobre esa operación y pidió investigarla.

Además, algunos especialistas criticaron que se hayan hecho cambios de última hora en el diseño constitucional que harían vulnerable la norma: en un principio se quería mantener en 25 por ciento la propiedad accionaria, y luego se eliminó esa participación pero se redujo el grado de consanguinidad de cuarto a segundo, lo que significa que sobrinos o tíos pueden tener participación.