Felipe Calderón es quien menoscaba la imagen presidencial y degrada las instituciones, aseveró ayer Andrés Manuel López Obrador al comparecer en audiencia en el Instituto Federal Electoral (IFE), con motivo de una queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de promocionales del Partido del Trabajo (PT).

Yo no daño la imagen presidencial; la denigra quien no ha sabido estar a la altura de los anhelos del pueblo; envilece la investidura quien me acusa de ser un peligro para México, dando así el banderazo de arranque a la nueva campaña de odio y rencor en contra nuestra, señaló el ex candidato presidencial en su defensa.

En los mensajes impugnados, el PT difunde el proyecto alternativo de nación y se anuncia que el movimiento encabezado por el político tabasqueño participará en el proceso electoral de 2012, lo cual es considerado por el PAN como actos anticipados de campaña, desigualdad en la contienda y denigración de la imagen del presidente Calderón.

López Obrador argumentó que no se ha proclamado precandidato ni candidato y tampoco ha llamado a votar por partido político alguno, aun cuando en julio pasado, dijo, durante un mitin en el Zócalo, tomamos la decisión colectiva de participar en la contienda de 2012. Por ello, con la actuación en su contra, el IFE “está juzgando mis opiniones sobre la realidad del país, está tratando de cancelar mi libertad de expresión y mis derechos ciudadanos (…) Me queda claro que el asunto en cuestión no es jurídico sino político”, advirtió.

Durante la audiencia, a cargo de la dirección jurídica del IFE, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal reveló que este organismo le solicitó información sobre sus ingresos, pago de impuestos, utilidades y cuentas bancarias en México y el extranjero, así como otros activos circulantes. La petición fue calificada por el perredista como una actitud majadera, amenazante y de intimidación por parte del instituto.

Luego de presentar los documentos respectivos (en los que asienta que percibe un salario mensual de 50 mil pesos, que tiene una cuenta bancaria por 9 mil 34 y posee sólo una casa, heredada por sus padres, en Palenque, Chiapas), pidió al IFE que, en el contexto de esta indagatoria, exija la misma información a los integrantes de quienes ubica como la mafia política responsable de la desigualdad social y económica que más ha dañado a México: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Manlio Fabio Beltrones.

En múltiples ocasiones, el PAN y el PRI han acusado a López Obrador de transgredir la ley, especialmente por el contenido de sus mensajes, ahora difundidos en los espacios a que tiene derecho el Partido del Trabajo en canales de televisión y estaciones de radio.

En lo que fue la primera audiencia pública –difundida en el instituto en circuito cerrado–, parte de un procedimiento especial sancionador, a la que acude un ex candidato presidencial (otros políticos sólo envían a sus asesores), López Obrador expuso sus argumentos frente al abogado del PAN, Guillermo Bustamante, también representante de ese partido ante el Consejo General del IFE.

‘‘Desde 2004 hemos sido objeto de una campaña permanente de ataques y calumnias. Los medios de comunicación en manos de la mafia del poder nos niegan los espacios para explicar nuestras propuestas y sólo aparecemos en ellos cuando somos objeto de infundios o descalificaciones.

“Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Instituto Federal Electoral ordenan la suspensión de nuestros mensajes en radio y televisión por supuestas violaciones a la ley.

“En esos pocos tiempos y espacios de que disponemos, no decimos mentiras ni engañamos, informamos a los ciudadanos de nuestras propuestas para que ellos tengan elementos y decidan libremente.

“Tampoco he incurrido en actos anticipados de campaña ni me he proclamado precandidato ni candidato, ni he llamado a votar por ningún partido de cara a los comicios de 2012.

“Me queda claro que el asunto en cuestión, lo que nos tiene aquí, no es jurídico sino político. Es evidente que la mafia del poder que se robó la Presidencia de la República ahora quiere destruir las esperanzas de millones de mexicanos que luchan por establecer una auténtica democracia.

Con esta actuación en mi contra, el IFE está juzgando mis opiniones sobre la realidad del país, está tratando de cancelar mi libertad de expresión y mis derechos ciudadanos y políticos consagrados en la Constitución de la República, expuso López Obrador.

En la primera tanda de alegatos, el director jurídico del PAN respondió que las expresiones de López Obrador eran subjetivas y superfluas y sólo demostraban su  desprecio público y notorio a la ley y a las instituciones.

Ratificó los argumentos del blanquiazul de que los promocionales del PT constituyen una violación flagrante al marco normativo, el cual señala que no puede haber ataques a las instituciones. Sin embargo, expresó, “no nos sorprende su actitud; López Obrador muestra desconocimiento de la ley (…) que le hayan pedido sus ingresos no tiene nada que ver con su delirio de persecución, sino para conocer la capacidad económica para que en caso de que proceda una sanción ésta no sea gravosa”.

Luego, en entrevista, dijo que en el lapso de la comparecencia –cerca de hora y media– el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió la cantaleta de siempre y fue un esfuerzo de él por subir su popularidad.

López Obrador argumentó que cuando emplea el término mafia no es para insultar o denigrar a nadie, sino para describir la realidad. Según el diccionario de la Real Academia, indicó, esa palabra significa un grupo organizado que trata de defender sus intereses.

Por otra parte, recordó que ha calificado de tragedia nacional la actual situación del país y ha señalado a quienes considera responsables de la misma, incluyendo al señor Calderón, cuya ineptitud y mal gobierno se demuestra en el hecho de que hay millones de desempleados y de nuevos pobres, así como cerca de 30 mil muertos por su estrategia fallida contra el crimen organizado.

López Obrador dijo finalmente que quien denigra la imagen presidencial es el propio Calderón, quien “en lugar de actuar como hombre de Estado y gobernar para todos, demuestra cotidianamente que no es más que un jefe de facción y un operador político de la oligarquía y de su guerra sucia”.