La supervía poniente debe de cancelarse definitivamente pues, lejos de ser un proyecto sustentable que responda a una política integral de transporte y movilidad, “parece que responde a intereses de grupo y de carácter económico”, exigió un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el centro de estudios sociales y culturales Antonio de Montesinos y los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro.

De manera paralela, ayer por la noche, alrededor de 400 personas participaron en una procesión de antorchas para reiterar el carácter pacífico de su movimiento y emplazar al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a concertar, de manera conjunta, “las condiciones de diálogo y debate en igualdad de circunstancias”.

En el pronunciamiento de las organizaciones –que también fue firmado por Miguel Concha Malo y asociaciones como INCIDE Social, Centro Nacional de Comunicación Social, Litiga Ole y Observatorio Social–, se denuncia que el Gobierno del Distrito Federal ha actuado de manera “autoritaria, impositiva e inflexible” y con ello se ha generado un “retroceso en la construcción de una cultura de derechos humanos” en la ciudad de México.

“El Gobierno del Distrito Federal promueve y alienta un discurso democrático y de defensa de derechos humanos que no corresponde a las acciones que realiza en detrimento de la ciudadanía con este proyecto.”

También exigen que “cesen los actos de intimidación en contra de los integrantes del Frente Amplio” y hacen un llamado “urgente” para que diversas instancias tanto locales como federales “intervengan para garantizar de manera efectiva la protección a los derechos humanos”. Entre los organismos señalados se encuentran la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Otras de las organizaciones que signaron el documento son Bicitekas, El Poder del Consumidor y Ririki, Intervención Social.

Por su parte el Frente amplio en contra de la supervía dijo que es el jefe de Gobierno y los integrantes de su gabinete los indicados para participar en los diálogos y debates que proponen.