os semanas después de que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, presentó una iniciativa para crear un mando policial único por cada entidad federativa –lo cual suprimiría más de 2 mil corporaciones municipales de seguridad pública–, los representantes de mil 500 alcaldías rechazaron ayer la propuesta referida, al considerar que su aprobación restaría autonomía y facultades a los ayuntamientos. A estas expresiones de repudio se suman las formuladas la víspera por integrantes de las bancadas senatoriales de PRD y PAN, con fundamento en que la propuesta calderonista debilitaría a los municipios y los haría más vulnerables al acoso del crimen organizado.
Tal propuesta, además de contraria al principio constitucional del municipio libre, resulta inviable y hasta contraproducente en un régimen como el nuestro, carente de controles eficaces en la detección y el combate a la corrupción en todos los niveles. Desde que el gobierno de Ernesto Zedillo creó la hoy Policía Federal (PF), hace más de una década, diversos sectores de la sociedad señalaron que la centralización de las corporaciones policiacas en el país no implicaba hacerlas inmunes a la corrupción y sí, en cambio, ampliaba el margen de maniobra para el ejercicio autoritario del poder. A posteriori, tales advertencias han sido confirmadas con los casos de altos funcionarios de la propia PF coludidos con el narcotráfico –que salieron a la luz pública el año antepasado, en el marco de la llamada Operación Limpieza– y con el empleo recurrente de esa corporación como un instrumento para la intimidación y represión de movimientos sociales, como quedó de manifiesto en los casos de Sicartsa, en Texcoco-Atenco y en Oaxaca. Con tales antecedentes, nada garantiza a la sociedad que las corporaciones estatales planteadas en la iniciativa calderonista vayan a estar a salvo de los vicios de su contraparte federal y de las policías municipales que se pretende eliminar.
Tan improcedente como el señalamiento de que el centralismo es garantía de eficacia en las tareas de seguridad pública es la afirmación, formulada por el propio Calderón, de que la reforma que se comenta es necesaria porque las policías municipales disponen de pocos elementos –menos de 100 en su mayoría– y porque sus integrantes perciben salarios de menos de 4 mil pesos mensuales, lo que los hace más vulnerables al poder corruptor del crimen.
Tal realidad demandaría, en todo caso, que el Ejecutivo y el Legislativo se consagraran a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a los ayuntamientos y a fortalecer la figura del municipio libre. La consideración anterior se ve reforzada si se toma en cuenta que la piedra angular de la eficacia en las organizaciones policiales no radica en su tamaño ni en su estructura, sino en el conocimiento, la identificación y la confianza que generan en la ciudadanía, elementos que difícilmente podrán lograrse en ámbitos distintos del municipal.
En suma, como ocurre con el conjunto de la política de seguridad vigente, la reconstrucción del tejido policial en el país requiere, como primer paso, de un respaldo social amplio hacia las corporaciones encargadas de salvaguardar la seguridad pública, y de las correspondientes acciones de moralización de las distintas instancias de gobierno, incluyendo los cuerpos policiacos. En la medida en que no se avance en esas direcciones, lo único que podrá lograrse con la aplicación de medidas como las que propone el calderonismo será la centralización de la ineficacia, los vicios y la corrupción de las policías.
