l municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de ese sector del estado. La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.

Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del país, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas deben incorporar el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa que permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado. Se define el concepto interculturalidad como el proceso relacional que se establece entre dos o más culturas al interior de una sociedad, que de por si es heterogénea en cuanto a sus orígenes y características económicas, políticas y sociales.

El artículo 8 de la Convención de Belem do Pará, igualmente, establece deberes del Estado mexicano y, por tanto, del estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos…”

Un diagnostico en el tema de salud reciente realizado por el Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral Jesús Rubiell (Coprodi), señala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suman el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran 39 por ciento. La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 años y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación; sin embargo se requiere de un análisis más minucioso, en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que en los pasados tres años han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas, pero esto es penalizado en el ámbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar: ¿se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo. Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revisó y dijo ‘que raro si ya estás pariendo’.

Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo (el bebé ya estaba muerto).

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución mexicana la composición pluricultural de la nación. Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático; sin embargo, es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

Los servicios de toma de muestras de cáncer cérvico uterino tampoco son la excepción: las mujeres indígenas de la región señalan que, el cobro del servicio, la falta de calidad en la atención, de confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega de resultados, son condiciones que limitan el acceso de las mujeres a la práctica que tienen derecho.

Es necesario hacer una valoración del sistema de salud que maneja un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su salud. En Baja California, como en otros estados del país, las campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino son prioritarias; sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que una de las consecuencias primera es el alejamiento de ésta de los sistemas de salud. La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.