Senadores y diputados de PRI y PRD celebraron ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido la controversia constitucional que presentó el Congreso contra el decreto del presidente Felipe Calderón acerca del denominado apagón analógico, y que ordenara suspender su aplicación.

El senador priísta Manlio Fabio Beltrones señaló que a su bancada le preocupa que en el país se estén disponiendo, mediante decretos efímeros, políticas públicas. Si queremos que en México exista certidumbre jurídica, hay que apostar por las leyes, no por los decretos de los ejecutivos, que son tan efímeros como sus sexenios. En cambio, las leyes tienen vigencia transexenal. No es el caso, pero si hay un gobierno que apuesta más a los decretos que a las leyes, son los gobiernos autoritarios, no los democráticos.

El presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, el perredista Carlos Sotelo, consideró correcta la decisión de la Corte: Ese decreto es un botón de muestra de la discrecionalidad y conducta patrimonial que el gobierno de Calderón ha asumido con casi todos los bienes públicos para beneficiar monopolios y entidades privadas, sin importarle la legalidad.

Agregó que con el apagón analógico, el Ejecutivo pretende sujetar a los medios electrónicos a los intereses del partido y del proyecto personal de Calderón.

Los diputados priístas Francisco Rojas Gutiérrez, Alfonso Navarrete Prida y Felipe Solís Acero insistieron en la urgencia de que todos los mexicanos, incluido el Presidente de la República, aprendan a interpretar bien y en forma adecuada la ley.

Aseguraron que con las controversias de las cámaras de Diputados y de Senadores se busca ajustar los actos de gobierno a la observancia de la Constitución, porque Calderón se arrogó facultades que no tiene, se extralimitó sin considerar cuestiones de carácter técnico y adoptó una decisión violatoria de la ley fundamental.

Rojas Gutiérrez, coordinador de los diputados priístas, sostuvo que la determinación de la Corte se apega a la demanda del Congreso: “Lo único que buscamos es que haya una interpretación donde hay duda legítima, es decir, saber si se apega a derecho la decisión sobre el apagón analógico. Queremos que la Corte nos diga si (el decreto) estuvo apegado estrictamente a derecho”.

Solís Acero indicó que con la controversia se busca anular el decreto presidencial, porque Calderón se arrogó como propias, en forma ilegal, atribuciones que competen a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), aun cuando ésta sea órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Navarrete Prida, promotor de la controversia, aseguró que en este momento sólo dos zonas del país tienen señal digital: el valle de México y la franja fronteriza; en el resto aún no hay. ¿Cómo se podrán repartir decodificadores, televisiones y todo lo que quería el Ejecutivo en lugares donde ni siquiera ha llegado la señal? Primero que llegue la señal a todos lados y luego vemos lo de los decodificadores. Cuando esto no es así, queda una sospecha legítima respecto de cuál es el propósito de estar regalando cosas, y lo que podemos entender es que se trata de un acto de tipo electoral.

El presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, el diputado Gerardo Flores, indicó que la determinación de la Corte abre un saludable espacio para diseñar una política pública incluyente, que tome en consideración la situación socioeconómica del país y defina los plazos para la entrada en operación de la televisión digital.