La secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) propuso desechar la queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Andrés Manuel López Obrador por actos anticipados de precampaña. Sugirió además declarar infundada la denuncia –también promovida por el blanquiazul en contra del ex candidato presidencial– relativa a la supuesta denigración de la imagen presidencial por medio de promocionales del Partido del Trabajo (PT).

Aunque López Obrador quedaría fuera de las amonestaciones, es decir, no sería considerado infractor, el proyecto señala que sí hubo promocionales que denigraron la imagen del Presidente de la República –por usar la frase mafia del poder– y el responsable de ello es el PT, mas no el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, como también argumentaba el PAN.

La multa general para el PT ascendería a 535 mil pesos por ser el responsable de la difusión de mensajes que, a juicio del organismo, sí configuran una trasgresión a la norma. Son 373 mil pesos por denostar a Calderón y el resto por esta misma práctica (denostación) contra militantes priístas.

De acuerdo con el dictamen –que será discutido y votado hoy en el consejo general del IFE– para el primer punto la denuncia se sobresee porque el personaje en mención no es precandidato y no hay ningún proceso electoral en curso.

Fuentes consultadas del instituto calcularon que la tendencia de la mayoría de los consejeros apunta a cancelar las pretensiones del PAN. En la sesión de este viernes sólo se esperan posiciones políticas.

No obstante, un sector de consejeros –que sería minoritario– apuntalará en el debate lo que señala el artículo 344 del Código Electoral, el cual se refiere a infracciones impuestas a aspirantes, candidatos o precandidatos (que hagan promociones anticipadas de su imagen).

Cabe señalar que en el caso extremo de proceder una sanción por actos anticipados de campaña, el Código Electoral Federal prevé no sólo sanciones económicas (multas), sino incluso la negativa del registro, es decir, llegar a esa situación impediría la participación no sólo de López Obrador, sino de todo aquel que muestre algún interés de contender en el proceso de 2012.

El único antecedente en su tipo fue la negativa de registro de una precandidata a diputada federal del PAN, en Quintana Roo, quien al comprobársele los actos anticipados quedó fuera de toda posibilidad de contender.

En este contexto, luego de tres meses de litigios en el IFE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolverán de fondo varias denuncias interpuestas por el PAN y una del PRI en contra del PT, en las que la participación de López Obrador en los promocionales de este partido es el centro de la polémica.

Uno de los mensajes –transmitidos en radio y televisión– que causaron mayor revuelo fue aquel en el que se convocaba a un mitin para el 25 de julio en el Zócalo capitalino; en ese encuentro masivo se anunció que el movimiento encabezado por el presidente legítimo de México participaría en el proceso electoral de 2012, lo que para Acción Nacional fue un acto anticipado y, en consecuencia, un elemento para desequilibrar dicho proceso electoral.

En las audiencias que se celebraron el miércoles en el IFE, López Obrador argumentó que no se ha decidido quién será el candidato; él no se ha proclamado precandidato ni candidato y tampoco ha llamado a votar por partido alguno de cara a los comicios de 2012.

De prosperar los proyectos de dictamen en referencia, quedaría cancelada cualquier sanción al político tabasqueño; eso sí, agregaron las fuentes, las multas para el PT serían aprobadas por mayoría y quizá por unanimidad.

En el caso de los promocionales del Partido del Trabajo que, según el proyecto, sí denostaron la figura presidencial –y en el caso de la queja del PRI, afectaron a integrantes de este partido– la frase que provocó la amonestación es: La mafia del poder que se adueñó de México, responsable de la actual tragedia nacional.

El instituto argumenta que la propaganda electoral tiene límites: los previstos por la Constitución respecto del ejercicio de la libre expresión, es decir, difundir ideas pero sin calumniar. No obstante, López Obrador queda fuera de responsabilidad porque no hay elementos, ni siquiera de carácter indiciario, que permitan advertir la participación (del ex candidato) en la elaboración de los promocionales, realizados por el PT y difundidos dentro del tiempo oficial al que tiene derecho este partido político.

Aun cuando el PAN sostiene que López Obrador denigró la imagen del Presidente a través de la difusión del material televisivo y radiofónico, este órgano resolutor estima que dicha dilucidación deviene de una apreciación personal que no se sustenta en un hecho evidente, sino en una valoración subjetiva del partido denunciante.