Todo apunta a que en la reapertura de la investigación por la muerte de Digna Ochoa y Plácido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sostendrá la tesis del suicidio, por lo que la familia de la activista acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar que atraiga el caso, pues un peritaje externo señala que se trató de homicidio.

Jesús Ochoa y Placido, hermano de la activista, señaló que en la más reciente reunión con las funcionarios encargados de revisar el caso, a orden de un juez federal que otorgó un amparo a la familia en 2007, la dependencia dejó entrever que se confirmará la conclusión de que se trató de un suicidio simulado de homicidio, con la cual cerró el caso en 2003.

Ante esta situación, Jesús Ochoa acusó a la PGJDF de obstruir la justicia y no reconocer que en la investigación que se realizó en torno al caso se cometieron omisiones y errores.

Durante un panel de análisis a nueve años de la muerte de Digna Ochoa, en el que también participaron el abogado de la familia, David Peña Rodríguez y la activista Pilar Noriega, se enumeraron varias inconsistencias en la integración de la averiguación, como que el cadáver fue movido de su posición original y se manipuló la escena del crimen.

Asimismo, detalló Peña Rodríguez, no se tomaron en cuenta las lesiones que presentaba la activista en el cuello, fémur de la pierna derecha y una herida en el parpado derecho, que según el peritaje que mandó a hacer la familia de Ochoa y Plácido, fueron consecuencia de los golpes que recibió la víctima ante de ser asesinada.

El estudio pericial también descalifica la afirmación de la PGJDF en el sentido de que el arma utilizada por Digna Ochoa no emitió rastros de pólvora, pues, dijo el abogado, está comprobado que no hay arma que no genere dichos residuos; además la prueba se hizo con un arma similar a la que supuestamente usó la abogada.

Por su parte, Pilar Noriega manifestó que con la tesis del suicidio se desprestigió el nombre y la imagen de Digna Ochoa y se le criminalizó cuando el Gobierno del Distrito Federal, que en un principio afirmó que se trató de un homicidio político, dio un giro inesperado y cambió de hipótesis, con lo que puso en entredicho la estabilidad emocional de la defensora de los derechos humanos.

“No recuerdo un suicidio, en el que se haya pretendido ensuciar tanto la imagen y dignidad de la persona” manifestó la abogada.