Oaxaca, Oax., 22 de octubre. Catarino Torres Pereda, secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) y uno de los primeros presos a causa del movimiento popular de 2006, fue ejecutado hoy en las oficinas de la organización, ubicadas en la ciudad de Tuxtepec, a unos 208 kilómetros de esta capital, informó su hermano Gaudencio Torres Pereda.

Gaudencio, integrante de la comisión política del Codeci, informó que dos hombres entraron a las 14:45 horas a las oficinas ubicadas en la colonia Cinco de Mayo, pidieron hablar con el dirigente y después de unos minutos ingresaron a su despacho, donde sacaron las pistolas que llevaban ocultas y le hicieron dos disparos a quemarropa, al parecer con armas nueve milímetros.

Tania Santillán, también integrante de esa comisión, dijo que los asesinos huyeron por una calle donde los esperaba un vehículo aparcado a unos 80 metros del edificio. Los atacantes, dijo, vestían playeras con propaganda del ex candidato a la gubernatura del PRI, Eviel Pérez Magaña, ahora dirigente estatal del partido.

Santillán responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a Pérez Magaña porque, dijo, es indudable que detrás de este crimen están las manos del gobierno ante la lucha de Torres Pereda en favor de los indígenas y campesinos.

Adolfo Fuentes Kim, agente del Ministerio Público, conoció de los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro para la necropsia de ley.

Por la tarde de este viernes, miembros del Codeci y de otras organizaciones realizaron una concentración en la Alameda de León de Oaxaca para exigir el esclarecimiento del crimen y el castigo a los culpables.

Durante el movimiento magisterial y social de 2006, el Codeci se unió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Torres Pereda tenía 37 años y era originario de El Cacahuatal, comunidad del municipio de San Lucas Ojitlán, Oaxaca. Desde 1998 a la fecha fue detenido en más de 12 ocasiones por su labor como dirigente social.

La ocasión más reciente fue el 6 de agosto de 2006 en Tuxtepec, cuando policías federales y estatales cumplimentaron en su contra cuatro órdenes de aprehensión dictadas por jueces federales y locales por los delitos de motín, privación ilegal de la libertad, despojo, robo calificado y robo específico.

Por su alto grado de peligrosidad y por poner en riesgo a la población penitenciaria del estado, según el entonces secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, fue trasladado al penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde estuvo recluido siete meses.

Allí coincidió con Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de la APPO, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y con los hermanos Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.

El dirigente salió libre el 8 de marzo de 2007 tras el pago de una fianza de 17 mil pesos.

También participó en la otra campaña, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Abanderó la lucha por una indemnización justa de indígenas chinantecos y mazatecos desplazados por la construcción de las presas Temascal y Cerro de Oro.

También encabezó la recuperación de tierras de comunidades indígenas invadidas por ganaderos y terratenientes de la región.

En los meses recientes participó en la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, que respaldó la candidatura del ahora gobernador electo Gabino Cué Monteagudo.

En lo que fue una de sus últimas declaraciones, criticó que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia se adjudicaran el triunfo del pueblo en las elecciones del 4 de julio, puesto que nadie puede negar que en 2006 se generó la consecuencia de cambiar de tajo al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Por la noche, el Codeci bloqueó las calles de Independencia y García Vigil en demanda de justicia por el asesinato de su líder.

En un comunicado, explicó que la protesta frente a la catedral de Oaxaca es para exigir justicia inmediata.

El gobernador electo Gabino Cué Monteagudo condenó el asesinato del dirigente y exigió a la Procuraduría General de Justicia estatal el pronto esclarecimiento del crimen. “La impunidad no puede ser nuevamente el signo que acompañe a la muerte violenta de un ciudadano oaxaqueño y menos el de un líder social (…) La sociedad tiene que ver con toda claridad la firme actuación de sus autoridades.”