as organizaciones civiles han señalado con insistencia y datos contundentes la persistencia de la impunidad en el país, así como las deficiencias del sistema de justicia. Atenco ha sido emblemático de ambos problemas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a la violación de los derechos humanos de miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que permanecían presos por su participación en actos de protesta. Sin embargo, el caso no ha sido resuelto en su totalidad, pues no hay en el país condiciones para que sean sancionados los miembros de las fuerzas de seguridad estatales y federales que torturaron sexualmente a las mujeres detenidas en los lamentables hechos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Veintiséis de 47 mujeres detenidas en Texcoco y San Salvador Atenco denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual, física y verbal cometida por los policías que las custodiaban en su traslado a un penal del estado de México. La tortura sistemática se caracterizó por la violencia sexual empleada exclusivamente hacia las mujeres. Los policías abusaron de ellas no sólo individualmente, lo que de por sí ya constituye un grave atentado contra su dignidad como personas, sino que el abuso tuvo también un componente grupal: todas fueron tratadas como objetos dentro de un conflicto visto por ellos como guerra entre las fuerzas de seguridad y un grupo subversivo.

El conflicto se remonta a la exitosa oposición de los pobladores de Atenco, en 2002, a la construcción de un aeropuerto en sus tierras. Cuatro años después, en mayo de 2006, el apoyo del FPDT a un grupo de floristas que las autoridades municipales de Texcoco intentaban desalojar del mercado donde comerciaban sus flores, dio origen a un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes, algunos de los cuales fueron golpeados y detenidos. Después de los enfrentamientos, corporaciones policiacas del estado de México y federales incursionaron en San Salvador Atenco y Texcoco, y entre los saldos de esta incursión están los casos de tortura perpetrados contra las mujeres agredidas sexualmente.

Considerada la violencia sexual en el contexto de la tortura sistemática contra un grupo de hombres y mujeres identificados por el Estado como el enemigo, y no como ciudadanos que exigían sus derechos, la tortura adquiere una dimensión nueva. Específicamente, la tortura sexual fue usada contra las mujeres como una estrategia tolerada y avalada por el Estado como una forma de proceder ante los reclamos de los movimientos sociales, y como un intento de silenciar la voz de la ciudadanía.

En 1998 la entonces relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, señaló que más que el honor de la víctima, el blanco de la violencia sexual contra las mujeres es lo que se percibe como el honor del enemigo. La agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al adversario. La violencia sexual contra la mujer tiene por objeto enrostrar (sic) la victoria del otro a los hombres... Es un mensaje de castración y mutilación del enemigo.

A más de cuatro años de esos hechos, el Estado continúa negando su responsabilidad. Pese a la solidez de los testimonios de las mujeres que perseveran en la denuncia de tortura, y aunque ésta ha sido debidamente documentada y probada mediante la aplicación de los instrumentos idóneos, no existen actualmente en México instancias eficientes para garantizar el acceso a la justicia. En mayo de 2006 la Procuraduría General de la República, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, hoy Fevimtra, inició de oficio una investigación para buscar a los responsables de los delitos cometidos en contra de algunas mujeres del caso Atenco. En una decisión equivocada, en 2009 la Fevimtra, con el argumento de la preservación del orden público, declinó la competencia en favor de las instancias del estado de México, entidad cuyos sistemas de procuración y administración de justicia se caracterizan por su sujeción al Ejecutivo local, así como por la descalificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La impunidad en el caso Atenco es un factor que agrava la violencia ejercida por el Estado contra las mujeres denunciantes de tortura. Y ante la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México, las víctimas decidieron, en abril de 2008, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de encontrar justicia y reparación. Al recurrir a la CIDH se demanda que ésta declare que el Estado mexicano violó en perjuicio de ellas sus derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad personal, al acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación, a su dignidad y su privacidad. El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano. Éste, como ha hecho en otros casos, fue negligente para presentar sus observaciones, las que no fueron entregadas hasta el 23 de julio de este año. Evidenciando su magro compromiso con los derechos humanos, en ellas expresa su oposición a que el caso sea admitido. Sin embargo, sus argumentos son débiles, porque hasta la fecha ninguna instancia ha sido eficiente para sancionar a los responsables, y de manera sistemática se ha negado la justicia a las mujeres denunciantes.

Ante esta necedad, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representantes de las mujeres, han externado a la CIDH la necesidad de condenar internacionalmente al Estado mexicano, con el fin de poner un alto a la violación de los derechos humanos de las mujeres. La admisión del caso sería una buena noticia para ellas y para la sociedad.