En su tránsito por México, los migrantes indocumentados se enfrentan no sólo al acoso de agentes o policías, sino al ataque de delincuentes en zonas donde controla el poder del narcotráfico.

Son pueblos donde las autoridades han perdido gradualmente la capacidad de gobernar, es decir, es cuestionable si verdaderamente existe en México un gobierno capaz de garantizar la seguridad, porque en amplias regiones no controla el poder del Estado, sino las bandas del narcotráfico, advirtió Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés).

El dirigente de esta red de grupos de migrantes, con sede en Los Ángeles, California, explicó que en América del Norte, el fenómeno se convierte además en negocio, al recluir a los indocumentados en cárceles privadas, donde los empresarios cobran al Estado 120 dólares al día por cada extranjero, cuando los costos reales por el servicio no rebasan 20 dólares.

Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), admitió que el cruce de migrantes por México atraviesa por un momento difícil, complicado, por lo que ha compartido la información respectiva con los gobiernos de los países centroamericanos.

En El Salvador, por ejemplo, ya se emite la alerta de los peligros de transitar por nuestro país y se espera el encuentro con la secretaria del Migrante de Ecuador, Lorena Escudero, en el contexto del Foro Mundial de Migración, a realizarse la semana próxima en Puerto Vallarta, Jalisco.

Hemos insistido a la Secretaría de Gobernación y al propio Alejandro Poiré (secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional) que se está ante un nuevo fenómeno donde el crimen organizado explota otro tipo de ingresos, dijo.

Luego del trasiego de drogas –agregó Beltrán del Río– está el negocio del tráfico de personas. Es un problema no sólo de México, sino trasnacional, de bandas que operan desde los lugares de origen de los migrantes, señaló en conferencia de prensa.

Aunque en un informe del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo referencia a 10 mil secuestros y agresiones contra indocumentados, en el INM han apoyado apenas a 56 de éstos para que levanten la denuncia penal, al detectar que han sido agredidos por delincuentes.

En tanto, el comisionado informó que se busca un espacio para reunirse con las hondureñas que viajan en caravana a México en busca de sus familiares desaparecidos en su trayecto hacia Estados Unidos.

Las mujeres, que ingresaron al país con visas de observadores en derechos humanos, han sido atendidas por personal del INM, al tiempo que se les ofrece –dijo– información de la red consular para la localización de sus parientes.

A nivel interno, en la frontera norte, Ciudad Juárez es un punto de referencia para evidenciar los rasgos de la inseguridad de México. Ahí, además de enviar a miles de policías federales y militares, se han cambiado las rutas de las deportaciones.

Los mexicanos repatriados entran por otras entidades. Esa urbe, considerada como la más violenta del mundo, prácticamente ha dejado de recibir paisanos debido a las condiciones de violencia que imperan, pero también porque se ha criminalizado la migración.

De abril a la fecha, el flujo de repatriados cayó más de 95 por ciento; al inicio de este año las casas de auxilio al migrante recibían casi un centenar de paisanos, y hoy día sólo tres o cuatro.

Ciudad Juárez está en agonía; es un lugar de criminalización a cualquier movimiento de protesta, advierte Gabriela Morales, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos del Migrante.

Yo situaría la problemática no sólo a escala del narcotráfico, sino del crimen organizado, donde hay grupos de poder que van más allá del Estado y que están también vinculados con éste, señaló.