Los niveles de desconfianza que en materia delictiva tiene la sociedad mexicana sobre sus autoridades ejecutivas y legislativas se deben a la descoordinación persis- tente en el cumplimiento de compromisos y la aplicación de acciones para atacar la violencia, señaló el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Al presentar el informe sobre los avances en sus propuestas para mejorar la seguridad pública en el país, destacó que es fundamental el fortalecimiento de los sistemas estatales en la materia, debido a que de cada 100 delitos que se cometen en territorio nacional, sólo 22 son denunciados, y de éstos se investiga 15 por ciento, las averiguaciones concluidas representan 3.9 de las infracciones que se cometen y únicamente 1.56 de los casos concluyen en condenas.

“Por ello, es importante reforzar los sistemas estatales de seguridad pública con una visión global. Interesa que cada una de las partes del proceso –policías, procuradurías y sistemas judiciales de las entidades– sean más eficientes en lo individual, pero también que se vinculen de manera más eficaz entre ellos”, destacó Bernardo González-Aréchiga, director nacional de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública.

Señaló que la iniciativa de ley para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar –que incluye la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– no considera toda la gama de delitos que estaría prevista en la recomendación original, pese a que contempla la eliminación del fuero castrense en casos de delitos de desaparición forzada de personas, tortura y violación.

En el análisis se estima que diariamente ingresan al país 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, 90 por ciento de las cuales son utilizadas por el crimen organizado, y forman parte del flujo bilateral de bienes, mercancías y dinero ilícito.

En cuanto al mejoramiento del sistema penitenciario de reinserción social, el análisis lamenta que sólo 25 por ciento de los reos están apuntados en el Registro Nacional de Información Penitenciaria. Esta información es crítica ante la posibilidad de más fugas.

Considera también fundamental que haya mayor colaboración de los estados para prevenir y sancionar el lavado de dinero, además de reforzar las actividades de inteligencia preventiva con el fin de incrementar las incautaciones en México, donde el Fondo Monetario Internacional estimó que se lavan cerca de 25 mil millones de dólares al año, es decir, cerca de 3.31 por ciento del PIB en 2009.