El periódico El Expreso, de Matamoros, Tamaulipas, donde laboraba el reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, muerto ayer en esa ciudad en un fuego cruzado entre sicarios y elementos de la Secretaría de Marina, exigió una respuesta eficaz y contundente de las autoridades que llevan la investigación. En su editorial, aseguró que desde hace ocho meses los tres niveles de gobierno han sido rebasados junto con sus instituciones.

En el texto de este sábado, titulado Luto e indignación, el rotativo regional destaca que desde inicios de 2010, en la frontera tamaulipeca la vida cotidiana se desenvuelve como una lotería de la muerte y que caminar por las calles de las ciudades de esta entidad es transitar al precipicio.

Cuestiona: “¿A quién reclamar? Si la intención del reclamo es obtener respuestas, sale sobrando. Desde hace ocho meses que en el noreste del país han sido rebasados todos los niveles de gobierno y sus instituciones, quebrantadas y desplazadas, han dejado de cumplir sus deberes elementales.

Queda sólo una alternativa: expresar con coraje una enérgica protesta y seguir adelante en el ejercicio de nuestro oficio. Lamentamos y reprobamos este acontecimiento y cualquier otro engendrado en esa violencia irracional que nos envuelve y nos ha costado tantas vidas de mexicanos inocentes, anota.

Señala que las dificultades que plantea un oficio en permanente y gravísimo riesgo consignan a lo largo y ancho de la frontera sucesos terroríficos, aberraciones de una época donde la vida ha perdido su valor.

En la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para dar seguimiento a las investigaciones relativas a la muerte del reportero Carlos Alberto Guajardo Romero.

El organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva envió un equipo de visitadores para que indaguen y ofrezcan apoyo a los familiares de la víctima, anunció la CNDH en un comunicado.

En ese texto, la CNDH lamentó la violencia contra comunicadores y pidió al gobierno una indagatoria eficaz para resolver el asesinato de Guajardo, que sería el periodista victimado número 66 desde 2000.

Afirmó que la comisión nacional permanecerá atenta a la evolución de los hechos y refrendó su compromiso de investigar los casos que sean de su competencia.