La creciente e incontrolable violencia emprendida por las bandas mafiosas que operan en el país exhibe que las instituciones del Estado son “incapaces de garantizar elementos mínimos de seguridad a la población; este es el peor momento del gobierno federal en su lucha contra los delincuentes –que no debe politizarse–, el cual revela signos muy preocupantes de claudicación y arrinconamiento”, advirtieron diputados del PRI.

Sin poder responder a la pregunta de qué hacer ante tal situación, los diputados consultados ya no sugirieron estrategias a la administración federal.

Felipe Solís Acero señaló: ¿Es que alguien tendrá una respuesta precisa a esa pregunta, en las condiciones extraordinarias en materia de seguridad? Todos los días nos encontremos con sucesos inusitados, con fenómenos que no habían ocurrido antes y ¡nunca creímos que nos tocara vivir!

–¿Nos acercamos a concebir la convivencia social con desesperanza? –se le insistió.

–Ya no sé si lo que ocurrió ayer (en Matamoros y Michoacán) en materia de seguridad sea lo más extraordinario que podamos relatar; lo digo con preocupación: no tengo la seguridad de que nos toque conocer otros fenómenos superiores a los que hemos visto en los últimos meses y ayer mismo.

–¿El Estado se encuentra en desventaja frente al crimen?

–Toda concepción teórica de las características del Estado moderno se viene abajo con estas cosas, con la capacidad de fuego y de acción, así como el nivel de estrategia incluso militar que tienen las mafias delincuenciales. Crecí en una generación que tenía la imagen de un Estado con el monopolio de la fuerza legítima, porque la concentraba para repeler cualquier acto que pusiera en riesgo la seguridad de la población. Hoy ya se perciben signos muy preocupantes de que estamos ante un Estado claudicante, arrinconado, cuyos elementos de fuerza parecen menores a estos grupos que le usurpan atribuciones, como cobrar impuestos, y le disputan la autoridad sobre territorios específicos. ¿Qué sigue? Esa es la pregunta, y no tengo la respuesta.

Su compañero Arturo Zamora observó en los recientes sucesos de violencia en Morelia la oportunidad de conjuntar voluntades, “desde el lado de quienes queremos a México, con el ánimo de superar este clima tan adverso. Podemos decir que desde el Legislativo hemos sido consecuentes con el Presidente otorgando financiamiento y haciendo leyes, y hoy se puede calificar la situación como la más difícil para el gobierno federal, pero por ningún motivo debe politizarse.

–Mafias, narco, secuestradores, falsificadores y tratantes de blancas, ¿también son resultado de la cultura de la corrupción nacional? –se le preguntó.

–Como sistema de gobierno no podemos dar el brazo a torcer; no estamos en condiciones de claudicar. Independientemente de quien gobierne, el Estado debe seguir buscando un esquema que garantice la gobernabilidad y el respeto a la ley; con el esfuerzo de toda la población tenemos que revertir el fenómeno de la impunidad y la corrupción, porque si no estamos cayendo en la cultura de la política de la violencia, y eso es muy desalentador para todos.

Para Fernando Morales, representante priísta por Puebla, la gravedad de los hechos ocurridos en Morelia y Matamoros revela la descomposición histórica que pesa sobre el grueso de la población. Para él la solución debe comenzar por establecer un pacto de unidad entre todos los sectores, que conduzca a un gobierno transitorio de unidad nacional, con objeto de darnos bases mínimas de entendimiento e instrumentos para combatir en conjunto a los delincuentes.

–¿Se trata de aplicar políticas punitivas contra las mafias?

–No. La solución es de fondo, de la base social. Es urgente que se modifique la estructura educativa en el país, que el Estado asuma su responsabilidad social, genere empleos y reparta la riqueza.

PRD y PT demandan explicación a Calderón

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Senadores de PRD y PT exigieron al gobierno de Felipe Calderón explicar por qué las corporaciones federales destacadas en Michoacán no intervinieron para frenar el ataque de grupos criminales que el viernes por la noche provocaron incendios, balaceras y bloqueos de vialidades en esa entidad, luego de la detención de un capo del narcotráfico.

Parecería que la ausencia de policías federales y de militares es para hacer aparecer a la autoridad local como responsable de esos hechos que provocaron terror entre la población, señaló el senador Carlos Sotelo, presidente del grupo plural que da seguimiento al llamado Michoacanazo.

Tanto él como su homlógo petista Ricardo Monreal resaltaron que los hechos del viernes son una prueba más de lo equivocado de la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, la dirigencia del PAN y sus legisladores rechazaron ese planteamiento. La violenta reacción del cártel de La Familia ante la detención de dos de sus integrantes sólo confirma que debe continuar la lucha contra el crimen organizado, consideró Rodrigo Cortés Jiménez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien no obstante reconoció que dicha estrategia ha sido insuficiente y se requiere profundizar en la atención de las causas del problema, como la pobreza y la falta de educación.

Igualmente, el panista Ramón Galindo dijo que si no se estuviera haciendo daño a las bandas del narcotráfico no habría esta clase de respuestas, inaceptables por el dolor que causan a la ciudadanía.

Sotelo recalcó que es increíble que en momentos tan graves como los que se vivieron el viernes por la noche en Morelia, “brillaran por su ausencia los contingentes del Ejército y de la Policía Federal que Calderón ha destacado en Michoacán.

Cabe preguntar dónde estuvieron ayer, que dejaron a los michoacanos a merced de los criminales, recalcó el perredista. Sigo convencido de que el combate a la delincuencia debe hacerse bajo otras premisas; la estrategia tiene que tomar otro cauce, con una labor de inteligencia para afectar las finanzas de los cabecillas, y con operaciones quirúrgicas para detenerlos, pero no exponer a la población civil a altos costos. Agregó que, afortunadamente, en los hechos del pasado viernes no hubo bajas civiles, pero fue por la responsabilidad del gobierno local.