En rechazo a que las negociaciones internacionales de cambio climático se conviertan en un gran mercado, y con la demanda de que los países desarrollados fijen metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provocan el calentamiento global, centenas de integrantes de Vía Campesina de América Latina y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se aprestan a acudir a la 16 conferencia de las partes (COP) de cambio climático de Cancún.

Plantearán a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que aglutina a 194 naciones, la adopción del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, resultado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebró en abril, explicó Alberto Gómez, dirigente de Vía Campesina para América del Norte.

La declaración señala que en Cancún se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la COP, con representación significativa de los países en desarrollo para garantizar que las naciones desarrolladas cumplan los acuerdos.

Indica que la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir los acuerdos y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, con capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a estados, empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Representantes de Vía Campesina acudieron a la cumbre de Cochabamba, en la que participaron 500 líderes internacionales y 3 mil representantes de organizaciones de Vía de Bolivia, determinaron diseñar acciones rumbo a Cancún, e invitaron al presidente Evo Morales a las actividades que emprenderán el 4 de diciembre.

Las negociaciones de Naciones Unidas en las que participan los gobiernos se convierten en un gran mercado, donde los países industrializados, responsables de la mayoría de las GEI, se inventan trucos para evitar reducir sus emisiones. El mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto les permite seguir contaminando a cambio de pagos mínimos para que los países del sur reduzcan sus emisiones, señaló Gómez.

Agregó que Cochabamba rechazó la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, porque la responsabilidad de proteger y reforestar los bosques es de los gobiernos, y con esta propuesta se pretende limitar la autonomía y controlar a los pueblos indígenas, dueños de la tierra y de los recursos forestales.

Recordó que en Cochabamba se rechazó la geoingeniería, que incluye técnicas para modificar artificialmente el clima, y esquemas de comercio de carbono. Con nuestras prácticas productivas, los pueblos campesinos e indígenas podríamos reducir las emisiones en 75 por ciento, incrementar la biodiversidad, recuperar la materia orgánica del suelo, sustituir la producción industrial de carne por una a pequeña escala, el desarrollo de mercados locales y el manejo integral del bosque.

Gómez agregó que el planteamiento de Vía Campesina, plasmado en el acuerdo de Cochabamba, es que los países desarrollados se comprometan a reducir en 50 por ciento sus emisiones y a establecer en el seno de la ONU un tribunal de justicia climática, que juzgue a los países que violentan los acuerdos y contaminan.

Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán el 4 de diciembre el Foro alternativo global por la vida, la justicia ambiental y social, y el 7 de diciembre harán una marcha en Cancún, que se replicará en al menos 20 ciudades del continente.