ientras los espacios oficiales pretenden engañar con cuentas alegres, se hacen visibles los casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo y ancho del país el Estado mexicano ejecuta con absoluta impunidad.

Ya las siglas resultan irrelevantes, sea Semarnat, CFE, CDI, SRA, unas por acción, otras por omisión; sin embargo, se asienta día a día la razón de Estado que se consolidó en 2001 con la contrarreforma indígena. Si de algo sirvió el debate nacional en torno a los derechos colectivos y a la insuficiencia de los individuales para defender a los pueblos, fue para que el Estado diseñara su modelo gatopardista, que le ha permitido introducir en la Constitución frases que en el mismo texto anula, o regodearse como el activo promotor de una Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, sin que asuma a escala interna su aplicación en lo que de fondo entraña. Y en ello algunas agencias de la propia Naciones Unidas siguen la tendencia, por ejemplo, a reducir sus análisis a la muy grave situación de las personas indígenas.

Es conocido el impulso al enfoque de desarrollo humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha planteado en América Latina, sólo que en el caso indígena se olvida de dar el giro hacia el desarrollo de los pueblos. Recientemente se presentó el Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, subtitulado como El reto de la desigualdad de oportunidades. Al margen del muy fuerte contenido sobre el grado de exclusión de las mujeres y los hombres indígenas en el país y de las evidencias de que las políticas públicas no contribuyen a la superación de la pobreza multidimensional, el PNUD no oculta su enfoque. Al contrario, lo reitera al señalar que el informe fue elaborado conforme a una concepción basada en las capacidades de las personas. La danza de los millones asignados transversalmente no está modificando la exclusión indígena ya ancestral, sin que los poderes del Estado coloquen el acento en las facultades de pueblos y comunidades para ejercer de manera directa recursos públicos para impulsar su desarrollo en un marco de autonomía.

Mientras, los pueblos siguen afectados por las decisiones que verdaderamente importan a los intereses del Estado. Recurren a mecanismos jurídicos para defenderse; sin embargo, prevalece la lógica de favorecer a los otros y los otros son los mestizos, como dicen los rarámuris. Los chabochis alegan derechos sobre territorios indígenas originales una vez que la reforma agraria constituyó ejidos en favor de los otros encima de quienes mantenían la posesión desde tiempo inmemorial. Es el caso de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, asesorada por la Alianza Sierra Madre, donde tras un juicio de amparo en 2009 logró la suspensión de la autorización de aprovechamiento de explotación forestal al ejido Coloradas bajo control mestizo otorgado por Semarnat, delegación Chihuahua, en 2007, en tanto no se resuelva el juicio donde los rarámuris reclaman privación de derechos. Desde 1969 fueron reconocidas como ejidatarios personas que nunca tuvieron ni tienen hasta la fecha posesión de las tierras, menos aún resultan ser sucesores de los auténticos indígenas rarámuris beneficiados con la resolución presidencial de dotación de ese año.

Sin embargo, sin mediar razón jurídica, la contraparte mestiza ha iniciado trabajos con dos motosierras y maquinaria pesada, lo cual constituye una provocación a la paciencia ancestral que los posesionarios originales han mostrado.

En el otro extremo del país encontramos que en Yucatán la existencia de pueblos y comunidades asentadas en las inmediaciones de antiguos cascos de haciendas henequeneras ha generado una serie de conflictos en torno a la propiedad de las viviendas, donde por generaciones han habitado ex trabajadores y descendientes de trabajadores que en su momento laboraron en dichas empresas. Un alto porcentaje de la población es indígena maya.

Es el caso del pueblo de Cucá, que defiende el grupo Indignación, cuya existencia es muy anterior a la creación de la hacienda henequenera. Bien dicen ellos que no fue el pueblo el que se construyó en las cercanías de la hacienda, sino, por el contrario, la hacienda la que se estableció cerca del núcleo de población original conocido hoy como Santa Cruz, pero que algunos de los habitantes más antiguos nombran Cukiljá. Hoy enfrentan la amenaza de reubicación forzosa. Podríamos continuar con la numeralia de violaciones en diversas entidades donde el marco jurídico de los derechos de los pueblos pareciera destinado a servir al Estado de discurso autojustificatorio. Pese a ello, son los pueblos los que insisten en alegar sus derechos colectivos ante tribunales y crecientemente acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene consigo un amplio numeral de agravios. Están claros: para superar la pobreza de sus integrantes necesitan sobrevivir como pueblos.