n reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, pidió cambiar la política de estrangulamiento fiscal que se aplica a la capital del país y solicitó, a renglón seguido, la asignación de 14 mil millones de pesos adicionales por concepto de transferencias federales, para la realización de diversos proyectos de infraestructura, seguridad pública y protección civil.

Los señalamientos del mandatario capitalino tienen como contexto una reducción, en el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo federal, de aproximadamente tres mil 500 millones de pesos al gasto de la capital, que afectaría rubros diversos en caso de concretarse. Particularmente grave resulta el riesgo de que estos recortes orillen a la suspensión de las obras de la línea 12 del Metro –las cuales revisten importancia estratégica para el Distrito Federal y su área metropolitana, y cuya paralización implicaría rezago y desempleo– y perjudiquen los programas de agua potable y alcantarillado para el año entrante.

El acoso presupuestal al Distrito Federal no guarda ninguna relación con criterios de índole económica ni mucho menos fiscal, toda vez que la urbe es la que más recursos aporta a la Federación por cobro de impuestos, y donde se genera la mayor parte del producto interno bruto nacional. Se trata, más bien, del componente central de una ofensiva política que busca llevar a la asfixia financiera al GDF y que se inició desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas; se agudizó contra la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y ha sido continuada por el calderonismo.

El propósito evidente de esa hostilidad es inducir el descontento popular hacia un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos; obstaculizar, así, el funcionamiento del poder local, y provocarle un desgaste político que ocasione una derrota electoral de la izquierda en las próximas elecciones.

Los principales afectados por este golpeteo político son los sectores populares de la ciudad capital –que con cada recorte presupuestario ven deterioradas sus condiciones de bienestar, seguridad pública y acceso a servicios públicos y programas sociales–, así como los habitantes del estado de México, muchos de los cuales desarrollan actividades laborales, familiares, comerciales y académicas cotidianas en el Distrito Federal. Al respecto, es pertinente recordar lo dicho ayer por el propio Ebrard, de que la ciudad de México ha tenido que solventar, por sí sola y en circunstancias cada vez más adversas, el costo adicional que le representa su condición de capital y de corazón político y económico del país.

La persistencia del castigo fiscal y político que aplican el PAN y el PRI contra la población capitalina y su gobierno constituye, pues, una práctica irresponsable, insensible, facciosas, que vulnera el sentido del pacto federal y los principios básicos del espíritu republicano. Es pertinente y necesario que los legisladores federales se comporten a la altura de su cargo de representantes populares, y que realicen las reasignaciones y los ajustes necesarios para entregar al GDF un presupuesto digno y acorde con las necesidades de la urbe y sus habitantes. Finalmente, la situación hace evidente también la urgencia de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio que padece la ciudad capital y asumir, de una vez por todas, la pertinencia de erigir al Distrito Federal en un estado más, con los mismos derechos y obligaciones que las otras entidades que integran el pacto federal.