Buenos Aires, 9 de noviembre. Fuertes reacciones se han producido aquí ante la negativa de la justicia estadunidense de extraditar al ex teniente Roberto Guillermo Bravo, acusado por el asesinato de 16 prisioneros políticos en lo que se conoce como la Masacre de Trelew, sucedida en 1972 en una base de la marina, en esa localidad en la provincia de Chubut, al extremo sur de Argentina.

El diputado nacional Horacio Alcuaz, de Generación para el Encuentro Nacional (GEN), dijo que Estados Unidos, al denegar la extradición de Bravo, demostró una vez más su desprecio por los derechos humanos.

El legislador, autor de un proyecto de resolución para pedir la extradición del ex marino, sostiene que a Estados Unidos no le alcanzó con cobijar durante décadas a este criminal devenido en exitoso empresario y proveedor del Estado Mayor, sino que ahora pretende garantizar su impunidad, negándose a cooperar en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado.

Bravo está señalado en la investigación judicial que realiza el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, como uno de los mayores responsables y el encargado de disparar el tiro de gracia a los sobrevivientes de la primera ráfaga con que ametrallaron a los prisioneros junto a sus camastros, durante la Masacre de Trelew, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando el país estaba bajo la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).

La negativa merece una sanción internacional, pero constituye ante todo un agravio al pueblo argentino por un Estado que se dice garante de la paz internacional y viola sistemáticamente los derechos humanos, el principio de cooperación entre Estados y de libre determinación de los pueblos, dijo Alcuaz y se manifestó indignado por las declaraciones del juez de Florida, Robert Dubé.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luiz Alem analiza que el fallo se equivoca al calificar como una cuestión política lo que es un crimen de lesa humanidad, y así ha quedado declarado en la causa, donde hay pruebas más que suficientes para otorgar la extradición y sostiene que deberá apelarse ante la justicia de Estados Unidos a través de la cancillería argentina.

La Secretaría de Derechos Humanos, junto a familiares de las víctimas de la masacre de Trelew es querellante en esta causa que se inició en diciembre de 2006.

En la causa están procesados el contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, que cumplen arresto domiciliario, y el cabo primero Carlos Marandino.

El juicio permitió reconstruir esta masacre que fue de alguna manera, el trágico adelanto de lo que sucedería luego en el país bajo la última dictadura militar (1976-1983). Los detenidos ametrallados fueron 19 y tres de ellos simularon estar muertos. Sobrevivieron con graves secuelas y fueron testigos claves y desaparecidos en la última dictadura.

Al negar la extradición el juez Robert Dubé, consideró como no creíbles las declaraciones del gobierno argentino en este caso y dijo que estas acusaciones constituyen delitos políticos, basado en el pedido del defensor de Bravo, Neal Sonnet, quien interviene en los cuestionados procesos contra presuntos terroristas en la Base Militar de Guantánamo. Sonnet dice que se trató de un intento de fuga, lo que es probadamente falso. De la misma manera se basó el juez en un escrito del abogado Alfredo Solari, quien sostiene que Bravo actuó en defensa propia.

Solari es el defensor del ex marino argentino Ricardo Cavallo, quien fue extraditado de México a España (2003) y de España a Argentina (2008) acusado de crímenes de lesa humanidad, quien se había reciclado como empresario y manejaba estratégica documentación ciudadana en la capital mexicana cuando fue descubierto. Ambas historias coinciden en lo que sucede por estas horas cuando la muerte del ex dictador y jefe de la Marina durante la última dictadura militar, el ex almirante Emilio Massera, sacó a luz todo el entramado de terribles crímenes, robos y negocios de la marina en esos tiempos.

Bravo tiene ciudadanía estadunidense desde 1987 y el año pasado el periódico Página 12 reveló que vivía en Miami y era presidente de la firma RGB Group Inc, una empresa que vende servicios médicos al Pentágono y al Departamento de Seguridad Interna. También tenía negocios con la fuerza aérea. En febrero de este año fue detenido a solicitud de la fiscalía argentina pero rápidamente liberado bajo fianza. Se constata aquí que al liberar al ex marino responsable de crímenes de lesa humanidad, Dubé “recordó con satisfacción que la extradición está legalmente prohibida en el caso porque los crímenes que se le imputan a Bravo constituyen ofensas políticas. También Bravo tiene nexos cercanos con los grupos terroristas cubano estadunidenses de Miami.