El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, aclaró que el instituto no está en riesgo de quiebra o colapso, aunque hay señales de alerta debido a que se han empezado a utilizar sus reservas financieras. Estamos a muy buen tiempo, dijo, de que patrones, trabajadores, gobierno y legisladores analicen y encuentren el mecanismo que permita darle viabilidad en el largo plazo.

De forma contundente rechazó la posibilidad de que el instituto se privatice. Por el contrario, el IMSS está respaldado por el Estado mexicano –dijo–, eso garantiza que a pesar del déficit financiero se mantenga como organismo público de seguridad social. No desaparece ni se colapsa, subrayó.

En conferencia de prensa, convocada de última hora y en la que únicamente aceptó cuatro preguntas, puntualizó que tampoco existe riesgo alguno para el pago de jubilaciones y pensiones de 2.7 millones de personas que gozan de este beneficio. En este caso y por la reforma a la ley que entró en vigor en 1997, el Estado es garante de que dichos compromisos se paguen puntualmente.

El 3 de noviembre, durante la 101 Asamblea General del IMSS, presentó el diagnóstico sobre la situación financiera del instituto. Dijo que es la peor crisis de su historia, atribuible a la carga que representa el pago del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del Seguro Social y el déficit en los seguros médicos, en especial el de Enfermedades y Maternidad y de Gastos Médicos de Pensionados (GMP).

El pasivo que se enfrenta por el RJP equivale a casi 11 por ciento del producto interno bruto y de más de 45 por ciento por los seguros médicos. Advirtió, entonces, el riesgo es real.

Ayer salió a precisar sus datos. Señaló que ésta sí es la peor crisis porque nunca se había recurrido a las reservas financieras, aunque también planteó que la solución se debe pensar para el largo plazo. Lo responsable es iniciar ahora la discusión y análisis del tema, indicó.

Con relación al RJP que beneficia a más de 300 mil trabajadores del IMSS que entraron a laborar antes de junio de 2008, momento en que las condiciones para el retiro de empleados de nuevo ingreso se homologaron con las de quienes trabajan en el sector privado, Karam subrayó que los trabajadores no son parte del problema del Seguro Social, sino parte de su solución.

El titular del Seguro Social durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la dependenciaFoto Carlos Cisneros

A pesar de la carga que representa para el IMSS el pago del RJP, y de que en los informes anuales sobre la situación financiera se destinan capítulos enteros a explicar el tema, sostuvo que ninguna solución se tomará sin consentimiento, acuerdo y consenso con los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Karam evadió responder si se ha planteado al gremio la posibilidad de modificar las condiciones para el retiro de quienes, cumplido el plazo previsto en el RJP –antigüedad de 27 años para mujeres y 28 para hombres sin importar la edad–, tienen derecho a una pensión superior a su salario nominal y que se actualiza en la misma proporción que el sueldo de los trabajadores activos.

De acuerdo con el informe financiero, parte de los recursos necesarios para el cumplimiento de esta obligación del IMSS en su carácter de patrón, se toman de los fondos de los seguros médicos. De ahí el origen de su descapitalización, señala.

El director del Seguro Social descartó, por otra parte, que exista algún riesgo de privatización. Al contrario, apuntó, se fortalece y así lo acreditan de manera inequívoca las inversiones que se han realizado en este sexenio para la remodelación o ampliación de 109 unidades médicas; 5 mil 600 millones de pesos para equipamiento y mil 900 millones para la remodelación de áreas de urgencias.

Además, recordó que todas las propuestas que se han presentado en los informes enviados al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo prevén ampliar la participación económica del Estado en el IMSS. Una es que para subsanar el déficit del GMP, el Estado aporte un monto económico, inexistente en la actualidad, para solventar los costos de los servicios médicos que se otorgan a los pensionados.

Ante la creciente carencia de médicos especialistas, que calculó en 9 mil, Daniel Karam comentó que ya se exploran alternativas, entre otras, la contratación de profesionales de la salud que ya se han jubilado. Ubicó en las áreas de anestesia, urgencias y urología, los principales problemas.