l anuncio según el cual la Ley de Ingresos 2011 autoriza que el IMSS transfiera excedentes de las reservas de los seguros de invalidez, vida y riesgos de trabajo a los de enfermedades y maternidad significa que la institución vuelve, de facto, al entramado de su Ley 1973.

Después de la reforma Zedillo (1997), que amputó al instituto sus recursos pensionarios privatizándolos en las Afore, después del deliberadamente equívoco diagnóstico Levy-Fox que –con apocalípticos pronósticos y cifras exageradas– desprestigió a los mejores equipos de salud nacionales con la mira de destruir el contrato colectivo de trabajo más completo de América Latina, fabricando el mito del peso del Regímen de Jubilaciones y Pensiones, después de no canalizar al IMSS la brutal bolsa de recursos frescos que Fox y Calderón destinaron al incoherente Seguro Popular (y su modalidad petit, el Seguro Médico para una Nueva Generación), ese anuncio para el uso de las reservas representa el reconocimiento final del patente fracaso de la reforma Zedillo.

Sintetiza la negación de facto de aquello que en 1997 los tecnócratas esgrimieron como argumento vertebral para soportar la necesidad de una reforma que ha fallado por completo. Esos tecnócratas son Gabriel Martínez (hoy secretario general del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social) y su estrecho colaborador Eduardo González Pier (diseñador, con Julio Frenk, del Seguro Popular, hoy director de finanzas del IMSS).

2.

La iniciativa de Calderón respecto a que ese rebalanceo es apenas un respiro, por lo que urge una nueva generación de reformas que garanticen viabilidad financiera de largo plazo, constituye sólo una enorme pantalla para ocultar el desorden generalizado que priva en el IMSS de los panistas.

Desde 2000, con Fox y Levy, aunque muy especialmente desde 2006, con Calderón, Horcasitas y Karam, en ese IMSS campean sin pausa ineficiencia, omisiones, incumplimiento, favoritismo y discrecionalidad en compras y cobranza, entre muchas otras áreas.

Afectando el corazón de las expectativas de la derechohabiencia, ese desorden obstaculiza lo que debiera ser la producción cabal de servicios en un auténtico caos. La norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Sólo las fantásticas Encuestas de Satisfacción de Transparencia Mexicana (Federico Reyes Heroles) sostienen que 77 por ciento de los derechohabientes manifestó estar muy satisfecho o algo satisfecho con la atención.

La calidad de las gestiones de Fox y Calderón ha instaurado un desorden de alcance y profundidad inéditos. Durante una década –aunque ciertamente muy agudizado con Calderón– los servicios han sido víctimas de una virtual ocupación que feudalizó al IMSS, implantando un medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación.

Por eso, los servicios están peor que nunca y sin expectativa de mejora. La pantalla de Calderón: su nueva generación de reformas busca ganar tiempo y ocultar el fatal saldo de la peor década en la historia del instituto.

De los gobiernos de la alternancia se aguardó el impostergable diseño de una política de salud y seguridad social alternativa, capaz de corregir de raíz las inercias del autoritarismo priísta. Antes que nada, esa política debió haber exigido cuentas, evaluar y transparentar las gestiones priístas, para con todo ello mejorar inmediatamente los servicios heredados y rendir nuevas cuentas.

Nada se hizo. Los panistas de la alternancia compraron el diagnóstico tecnocrático de Funsalud (Soberón y Frenk) e impusieron el Seguro Popular, mientras permitían que el zedillista Levy (autor del contrato de subrogación que culminó en la tragedia de la guardería ABC) desmantelara el IMSS con la constitución de las opacas UMAE (Unidades Médicas de Alta Especialidad), sus apocalípticos informes y el crecimiento escalador de la corrupción. Hoy día Levy asesora en el asunto a Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.

Como Fox, Calderón ha consolidado su desorden generalizado gracias a la calidad de una cúpula sindical: la de Gutiérrez Fragoso que –formando parte del cuadro de ese caos institucional, suspendiendo trabajadores, sacrificando a los de nuevo ingreso, violando estatutos y perpetuándose al estilo de Elba Esther Gordillo en el poder– se ubicó como representación legislativa del propio PAN.

Como Fox, Calderón tampoco hizo su tarea desde la titularidad del Ejecutivo: no fue responsable ante la nación y su principal institución de seguridad social. Agravó el desorden generalizado iniciado por Levy y lo extendió a la entera institución con Horcasitas y Karam. La bomba de tiempo está dispuesta para estallar el próximo sexenio.

3.

Descontando el otro gran fracaso –la reforma del ISSSTE (2007)–, como el IMSS de los panistas, Fox y Calderón sólo agravaron y corrompieron el daño estructural generado por la ley Zedillo de 1997, es claro que la pantalla de Calderón y Karam sobre una nueva generación de reformas debe traducirse en una movilización social que exija al Ejecutivo que ya no se atreva a tocar absolutamente nada más en la salud y seguridad social de los mexicanos.

El debate sobre esta crucial y estratégica política de cohesión social está en curso. Es hora de dilatarlo y democratizarlo.

Fincar las responsabilidades a todos los priístas y panistas autores del desorden generalizado del actual IMSS es tarea de gobierno que triunfe en la jornada electoral de 2012. Y sin duda, para reconstruir el instituto que México necesita –generando primero empleo–, deberá partir obligadamente de ese debate en curso.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco