Guadalajara, Jal., 13 de noviembre. El Estado mexicano debería proveer recursos económicos a las iglesias, comentó hoy la arquidiócesis de Guadalajara en Semanario, su publicación dominical.

“Quienes integran las iglesias son parte de la ciudadanía, que ofrece a sus gobernantes impuestos para que los administren en beneficio de su desarrollo integral. Al hablar de desarrollo integral nos referimos también al aspecto espiritual. A la postre, de acuerdo con nuestra situación, es mejor seguir el modus operandi actual, pero viéndonos democráticos y constitucionales, las leyes permitirían este tipo de apoyo, del que ya mejor no abundamos”, destaca el arzobispado tapatío.

En el editorial titulado Ni Estado eclesial ni Iglesia política, la publicación alude al artículo 130 de la Constitución mexicana que marca la separación entre Estado e Iglesia.

Esta separación nos conviene a todos, y así es como la proclama también la Iglesia católica. Si ya está señalada en la Constitución, y todos la entendemos, ¿para qué pelear con esta separación? Es decir, separación no es confrontación, y para algunos es lo equivalente, se refiere en el Semanario.

Pero según el órgano de difusión, dentro del Estado se encuentran las iglesias, por lo que éstas pueden expresar sus opiniones respecto a la vida pública pero sin querer determinar quiénes deben ser los gobernantes.

Cuando se confunden los ámbitos de acción de ambas partes –toma los argumentos del especialista Jorge Adame Goddard, de la UNAM– el resultado es que “el poder político se absolutiza, de modo que reclama del ciudadano una subordinación sin condiciones y sin ninguna posibilidad de crítica (así, el Estado lo es todo, él es el autor y gestor de todo bien y no admite crítica sino de sí mismo).