El coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, convocó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a debatir las iniciativas de fuero militar y mando único de policía que envió el Ejecutivo. Dijo que es necesario que se abra la discusión y determinemos los ajustes que sean necesarios a esas propuestas.

Al comentar el presunto pacto que lanzó La Familia Michoacana, de replegarse y regresar a actividades productivas si las autoridades se comprometían a tomar el control de esa entidad, González Morfín advirtió que ante la amenaza que representa el crimen organizado para la sociedad no existe posibilidad de acuerdo, negociación o pacto alguno con ningún grupo criminal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que la delincuencia reacciona de distintas maneras y en grados diferentes contra la ciudadanía en represalia por las acciones emprendidas por el gobierno federal, por lo que no habrá tolerancia hacia los criminales.

Insistió en que la ley no está a negociación ni se puede otorgar perdón a quienes han generado miedo y han atentado contra la sociedad.

González Morfín destacó las labores emprendidas por el gobierno federal en contra del narcotráfico, y refirió el golpe más reciente al cártel del Golfo que derivó en la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. En ese contexto, el senador panista convocó a los partidos políticos, representados en las Cámaras de Diputados y Senadores, a discutir las iniciativas que envió el presidente Calderón sobre fuero militar y mando único de policía.

“Es necesario –subrayó– que se abra la discusión de esas propuestas y que determinemos los cambios que se consideren necesarios, siempre con base en el acuerdo y el bien común.”

Según la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón, la implementación de las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar tendrá un impacto presupuestario de 72 millones 730 mil 804 pesos.

Según la iniciativa, los militares procesados y sentenciados por los ilícitos señalados serán recluidos en prisiones militares para salvaguardar su integridad física y evitar que sean persuadidos para participar con el crimen organizado. También habrá penas de 20 a 50 años de prisión a los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada de personas, y de 10 a 15 años a los particulares que lo hagan por orden o consentimiento de servidores públicos.

Respecto de la iniciativa de reforma constitucional en materia de policía de mando único, se propone reformar los artículos 21, fracción 23; 115, fracción segunda, tercera y séptima, así como la fracción séptima del artículo 116.