El penalista Marco Antonio del Toro, defensor de Napoleón Gómez Urrutia, rechazó ayer que con la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado miércoles, se allane el camino para que proceda la orden de aprehensión contra el líder minero por un delito financiero de 50 millones de dólares.

La Corte no analizó nada, absolutamente nada del caso de la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia; únicamente revisó si los artículos 113 bis y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (que sancionan hasta con 10 años de cárcel a quien en forma indebida utilice, obtenga o transfiera recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito) eran inconstitucionales; y determinó que eran constitucionales, no sólo para Gómez Urriuta, sino para cualquier ciudadano en el país, indicó el litigante.

En entrevista con La Jornada, explicó que será el cuarto tribunal colegiado penal del Distrito Federal, el que se pronunciará sobre el tema de la supuesta ilegalidad de la orden de captura que está vigente contra Gómez Urrutia, pero lo hará el próximo año.

Un juez de distrito en materia de amparo determinó que la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia es inconstitucional. El Ministerio Público Federal pidió la revisión y es lo que estamos esperando que resuelva el cuarto tribunal colegiado, expuso.

Añadió que los abogados del líder minero también pedimos la revisión, pero exclusivamente sobre la posible inconstitucionalidad de dos artículos de la ley (de instituciones de crédito). Este recurso se envió a la Corte, por ser la única facultada para resolver controversias de carácter constitucional, pero (el miércoles) los ministros determinaron que los dos artículos de la ley son constitucionales.

Con base en los artículos 113 Bis y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Gómez Urrutia de delito bancario por 50 millones de dólares, cuya aprehensión fue ordenada en 2008 por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal.

Para entonces, el dirigente sindical ya llevaba casi dos años en Vancouver, Canadá, donde a la fecha permanece, pues además tenía diversas órdenes de captura por fraude.

Gómez Urrutia enfrenta otra orden de aprehensión vigente por lavado de dinero, aunque ha librado varios cargos por fraude.

Ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, en sintonía con el penalista Del Toro, indicó en un comunicado que es falsa la información de que la Corte haya declarado válidas las acusaciones contra Gómez Urrutia.

El sindicato explicó que incluso el máximo tribunal del país publicó en su página de Internet que se reserva jurisdicción en favor del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el cual emitió un fallo que favorece legalmente al dirigente minero.

También aseguró que Gómez Urrutia ha sido ya absuelto y declarado plenamente inocente de las acusaciones falsas, ilegales y arbitrarias seguidas en los juzgados penales 18, 32 y 51. Lo mismo ha ocurrido respecto de las perversas e inconstitucionales acusaciones que surgieron en Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León.