El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al Congreso de la Unión en la forma en que distribuye las participaciones federales a las entidades del país, y le negó la razón al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien impugnó las reglas y criterios que se aplican para la entrega del Fondo General de Participaciones.

Al resolver ayer la controversia constitucional que interpuso Ebrard en contra del Congreso de la Unión, por considerar que el actual esquema de distribución es desigual para la capital del país, la cual aporta más recursos a la Federación de los que recibe, los ministros evitaron entrar al fondo de la demanda, luego de varias sesiones en la que se limitaron a revisar los temas de forma.

Es decir, los 10 integrantes del pleno coincidieron en señalar que el Congreso está facultado para legislar sobre la forma en que las participaciones federales se tienen que entregar a las entidades.

Pero además, convinieron en que no existen elementos constitucionales que prefiguren la coordinación fiscal.

En otras palabras, el pleno estableció que los legisladores pueden legislar de la forma como lo crean conveniente, porque la Constitución no prevé que deban actuar con base en los principios de proporcionalidad distributiva y redistribución de la riqueza.