A insistencia de la corriente de la ex gobernadora de Zacatecas García, la Comisión Política Nacional (CPN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió el martes expulsar de ese partido al senador Tomás Torres, sin derecho de audiencia y poco antes de que se hicieran públicas las irregularidades en la administración de la ex funcionaria.

La expulsión fue deplorada por legisladores perredistas y de otras fuerzas. Un grupo de senadores del PRD, entre ellos Pablo Gómez, envió ayer a la CPN un escrito para pedir que se reconsidere la medida ante el difícil momento que vive nuestro partido en el país y particularmente en Zacatecas.

El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Carlos Navarrete, anunció que pedirá a Torres que siga trabajando en la bancada, y los senadores panistas Ramón Galindo y Rubén Camarillo le ofrecieron integrarlo a su grupo.

El senador Torres Mercado dijo ser víctima de un linchamiento por su confrontación con Amalia García y por negarse a apoyar en Zacatecas a un grupo político que está siendo severamente cuestionado por su falta de honorabilidad y su deslealtad en la gestión de gobierno en Zacatecas. Destacó que se sanciona a un militante pese a que miles de perredistas en Zacatecas respaldaron una opción distinta al PRD.

Torres dijo que apenas ayer se enteró de que está fuera del sol azteca, pero no ha recibido notificación oficial.

La Comisión de Garantías ni siquiera ha recibido la documentación para dar curso a la expulsión del senador. Se espera que el expediente sea entregado entre mañana y el lunes, pues la secretaría técnica de la CPN apenas lo está integrando.

De acuerdo con los estatutos del PRD, las comisiones política nacional y de garantías son las únicas facultadas para sancionar a los militantes. La primera realiza un juicio expedito y a veces sin garantizar el derecho de audiencia a los inculpados.

Dolores Padierna, comisionada política, confirmó que esto último ocurrió con Tomás Torres y quien más insistió en expulsarlo fue la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, integrante del Foro Nuevo Sol, al igual que Amalia García. La sanción al senador la determinaron seis de los 11 comisionados políticos.

Diez senadores perredistas, entre ellos Pablo Gómez, Yeidckol Polevnsky, Carlos Sotelo, Rosalinda Hernández y María Rojo, advierten en un escrito a la CPN que Torres Mercado es un hombre íntegro y expresan su más enérgico rechazo a la expulsión. Los senadores Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo; Dante Delgado, de Convergencia, y Francisco Labastida Ochoa, del PRI, coincidieron en que la expulsión es un error.

Niega el gobernador “revanchas personales’’

La SFP no ha pedido devolución de fondos

Alfredo Valadez. Alma E. Muñoz y Elizabeth Velasco Corresponsal y reporteras

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, el diputado Juan José Mendoza, defendió ayer la administración de la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García Medina y acusó al gobierno estatal priísta de violar el principio de debido proceso y la garantía de audiencia de los ex funcionarios sujetos a investigación por presunta malversación de fondos públicos.

El gobernador Miguel Alonso Reyes negó que las investigaciones que realiza la contraloría del estado sean una cacería de brujas. No existe ningún tipo de persecución, linchamiento, ni cacería. Lo que existe es una serie de quebrantos patrimoniales. Tampoco se trata, dijo, de revanchas políticas ni personales, por lo que se actuará conforme a la ley.

El 12 de septiembre, al asumir la gubernatura, Reyes prometió hacer una revisión exhaustiva de la gestión de Amalia García, ante las acusaciones de presuntas irregularidades.

En el Congreso local, Mendoza fue el único que defendió a la ex mandataria. Por el PRI intervinieron los legisladores Roberto Luévano, Ana María Romo Fonseca y Jorge Álvarez Maynes, además de Saúl Monreal Ávila, del Partido del Trabajo.

Por la noche, en la capital del estado, Amalia García dio una conferencia de prensa para reiterar que es objeto de una persecución política y que las investigaciones sobre su gobierno violan el proceso legal.

En la capital del país, dirigentes perredistas respaldaron a García y coincidieron en la versión de que Miguel Alonso Reyes ha emprendido una persecución política contra la ex mandataria estatal, y lo emplazaron a probar sus acusaciones.

No obstante, Dolores Padierna, de la corriente Izquierda Democrática Nacional, señaló: Cada quien cosecha lo que siembra. Para Ángel Cedillo, de Alternativa Democrática Nacional, este escándalo es resultado de la desesperación del PRI porque no levanta en Guerrero y Baja California Sur, donde habrá elecciones de gobernador.

Gilberto Ensástiga, de la Red por la Unidad de las Izquierdas, señaló que Amalia García tiene que demostrar públicamente que las motivaciones son políticas, no legales. Afirmó que el gobernador está obligado a probar sus acusaciones y no quedarse en el linchamiento mediático.

A su vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que no ha requerido al gobierno de Zacatecas que devuelva 658 millones de pesos por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos federales etiquetados durante la gestión de García Medina.

Un funcionario explicó: No podemos hablar de cantidades por solventar o justificar, porque están en proceso las revisiones que de manera rutinaria realiza esta dependencia respecto de los recursos entregados por el gobierno federal a los estados.