La Secretaría de Gobernación (SG) admitió ayer el diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto de la situación de vulnerabilidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en México.

En tanto, activistas señalaron que el documento refleja el deterioro que vive el país y representa un llamado de atención al Estado mexicano para que cumpla con su responsabilidad internacional de garantizar y proteger dichas garantías.

Efectivamente, la delincuencia está atentando contra las instituciones de gobierno y de la sociedad civil. Por eso, debemos trabajar juntos para defendernos, dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe de Jesús Zamora. Añadió que junto con los defensores de derechos humanos y los migrantes, los periodistas constituyen un blanco de la agresión de la delincuencia organizada.

Precisó que la partida para el mecanismo de protección a los trabajadores de los medios de comunicación (unos 25 millones de pesos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011) será utilizada para auspiciar medidas cautelares para las víctimas, así como a la compra de equipo de comunicación e incluso resguardo a los periodistas en riesgo.

Para los tres campos: periodistas, migrantes y defensores de derechos humanos hay proyectos de protección del gobierno federal y, según el subsecretario, el de periodistas ya opera. El convenio para este mecanismo marca la integración de un comité, lo que ocurrirá en los próximos días.

Por lo pronto, Zamora reconoció la veracidad de los aspectos señalados la víspera por Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El mismo informe es muy preciso al señalar que es un trabajo conjunto. Reconocemos la información y la colaboración de las instancias internacionales y vamos a trabajar juntos para construir los mecanismos que nos están proponiendo, dijo en entrevista.

El reporte de Naciones Unidas –difundido el miércoles– advierte del aumento en el número de agresiones a defensores de derechos humanos. De 128 denuncias en 2009, la cifra se elevó a 165 en este año. Lo anterior en un contexto de impunidad que se prolonga, lo cual manda un mensaje macabro.

Por su parte, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, subrayaron que es urgente la creación de un mecanismo de protección a defensores, por lo que demandaron al gobierno federal aplicar las medidas necesarias para que esa instancia sea una realidad.

Agregó que las autoridades mexicanas –federales y estatales– reflejan su incapacidad para garantizar la labor de los defensores, lo cual debería ser una prioridad, y que una sociedad que aspira a ser democrática está obligada a proteger los derechos humanos y a los defensores de estas garantías.

Édgar Cortez cuestionó que a escala federal, la idea de la necesidad de un mecanismo de protección de activistas sigue sin concretarse. Pareciera que se tiene que esperar una especie de hecatombe para que suceda, mientras a escala local hay descalificación y cuestionamiento a nuestra labor.

El ambiente de guerra decretado por Felipe Calderón ha puesto en riesgo a la ciudadanía en general y el peligro para los defensores de derechos humanos es mayor, advirtió.

Con esta suma de aspectos, vemos un deteriorio generalizado de derechos humanos, seguridad y derecho a la vida en el país, donde en la actualidad prácticamente nadie se salva.