El caso del terreno de El Encino sigue generando opiniones divididas en el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ayer, en votación dividida (seis votos a cuatro), el pleno decidió aplazar el asunto y turnarlo al ministro José Ramón Cossío Díaz para que elabore un proyecto que allegue nuevos elementos y peritajes para que el máximo tribunal determine si ordena la restitución del terreno a su dueño, o bien, que el Gobierno del Distrito Federal indemnice al afectado.

La mayoría desechó el proyecto presentado por Luis María Aguilar, quien proponía que la autoridad pagara la indemnización correspondiente a la empresa Promotora Internacional Santa Fe por la expropiación del terreno. Sin embargo, de los seis que votaron en contra de la indemnización (Gullermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, Margarita Luna Ramos, Sergio Aguirre, Cossío y Fernando Franco), los primeros cuatro se pronunciaron abiertamente por la restitución del terreno y los dos últimos por que la Corte tome una decisión con base en nuevos peritajes.

De esta manera, el litigio sobre este terreno –que lleva más de diez años– continúa en el aire y dividiendo opiniones, como cuando, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (2005) fue desaforado por la Cámara de Diputados para que enfrentara un proceso penal por violar una suspensión obtenida en vía de amparo a favor de la empresa dueña del terreno, asunto que finalmente fue archivado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Aun cuando Cossío dejó entrever que apoya la idea de validar la expropiación (con lo que sumarían cinco votos a favor de que el gobierno capitalino pueda continuar con las obras inconclusas), dijo que la necesidad de recabar más datos para decidir no es porque no me parezca la mejor solución social o económica o urbanista el eventual cumplimiento sustituto, sino simple y llanamente porque no encuentro ahí (en el proyecto) los elementos de precisión jurídica que pueden llevar a esa convicción.

Faltan datos actualizados, dicen

Fernando Franco apoyó la postura de Cossío al añadir: No tenemos datos sólidos, técnicos, actualizados de peritos, que nos pudieran decir cuál es la afectación que se tendría de modificar los trazos.

Arturo Zaldívar, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero se sumaron a la propuesta de Aguilar de que El Encino no puede considerarse de una manera aislada, porque dichas obras forman parte de un sistema vial complejo, destinado entre otras cosas a entregar a la zona de Santa Fe diversos pueblos y colonias, dándoles accesos viales que mejoren la comunicación y que den fluidez a la circulación vial en la zona.

Entrevistado al término de la sesión, Federico Escobedo Garduño, accionista de Promotora Internacional Santa Fe, aseguró que siempre ha estado dispuesto a negociar y acusó a funcionarios del gobierno capitalino –no dijo cuáles– de negarse a aceptar una negociación.

Afirmó que él quedaría conforme con que le fuera devuelta la zona conocida como La Herradura y dijo que sería muy difícil valorar el costo de los 100 mil 373 metros cuadrados que mide el predio; no obstante, dijo que en la zona se cotiza hasta en 3 mil pesos el metro cuadrado.

Cuestionado sobre la postura de los ministros que están a favor de la indemnización, porque de lo contrario el Gobierno del Distrito Federal perdería lo que ha invertido en infraestructura hidráulica y urbana, Escobedo respondió: Si se hicieron obras en desacato judicial, y ahorita se van a avalar las obras en una propiedad, ¿usted lo aceptaría?

Y remató: O nos vamos por la ley o nos vamos por las necesidades, que se están arguyendo aquí, de la sociedad.