Autoridades federales reconocieron que falta coordinación para juzgar y encarcelar a los agresores de mujeres y a los participantes en otros delitos, como la trata de personas.

Hay que ver de qué manera se sustentan las pruebas para que no haya impunidad; que los tratantes y los violadores tengan realmente una condena y no salgan absueltos por falta de pruebas, señaló la ministra Olga Sánchez Cordero, al término la ceremonia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al tiempo que académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que a pesar de las políticas públicas aplicadas para eliminar la violencia en contra de las mujeres, los resultados son insuficientes debido a que las agresiones de género van en aumento, pues hasta septiembre de este año, en Ciudad Juárez se han registrado 191 feminicidios, más de 50 por ciento de los ocurridos entre 1993 y 2005, en el que se contabilizaron aproximadamente 379.

Entrevistados luego de participar en la Jornada Cultural Diversidad sin Violencia, que se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), indicaron que las entidades con más altos índices de violencia de género son el estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua y que el problema se presentan principalmente en las relaciones juveniles de pareja, en el núcleo familiar y el ámbito laboral.

Javier Melgoza, de la UAM-Iztapalapa, apuntó que la violencia doméstica aumentó principalmente en el estado de México. “A las mujeres se les sigue agrediendo dentro de sus hogares, ya sea de forma verbal, física o emocionalmente, lo cual es grave, porque en ocasiones el agresor llega al feminicidio”.

Hace falta, dijo, que las autoridades apliquen políticas integrales enfocadas a erradicar la violencia de género, porque todavía existen rezagos, principalmente en materia de impartición de justicia, toda vez que cuando las mujeres acuden a denunciar algún ataque, en ocasiones estos quedan impunes. Si bien hemos tenido avances significativos falta mucho por hacer.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agregó que lo más importante es la coordinación; que todos vayamos en el mismo sentido para abolir la violencia contra la mujer y una de las formas más tremendas que es la trata, por lo que se requieren unir esfuerzos y mejorar la coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial y la Secretaría de Gobernación (SG) para mejorar los mecanismos de impartición de justicia y, por supuesto, las políticas públicas.

En tanto, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Sara Irene Herrerías, precisó que en lo que va del año se han iniciado 60 averiguaciones previas por estos delitos.

La cifra es baja comparada con la magnitud del problema contra las mujeres –atrapadas en redes de explotación–, porque la víctima no se asume como tal debido a que llegó a esa condición engañada o seducida por quien se asumió como su protector para luego maltratarla.

Ante decenas de mujeres –funcionarias e integrantes de organizaciones sociales–, Sánchez Cordero manifestó que la responsabilidad es conjunta, de quienes participan en las políticas públicas y en el Poder Judicial, para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia.

Tanto la ministra como el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe de Jesús Zamora, admitieron que los compromisos en esta materia no pueden quedarse en el papel, especialmente ante los casos extremos de violencia como el feminicidio y la trata, delito que encuentra en las mujeres y niñas, sus principales víctimas.

Apropiarse de la libertad del cuerpo y el libre ejercicio de la sexualidad es la peor de las formas de esclavitud. La trata de personas constituye un delito complejo, desde su adecuada tipificación y las características de la víctima, así como los canales por los cuales los tratantes captan a sus víctimas, por lo que es necesario pulir nuestros esfuerzos de coordinación, entre todas las instancias involucradas para abatir esta vergonzosa realidad social, advirtió

Sólo denuncia 17% de las víctimas

Mientras, el Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que una de cada cinco mujeres que sufrió violencia física pensó en suicidarse, además de haber requerido atención médica debido a la agresión y sólo 17 por ciento de las mujeres agredidas presentan una denuncia, lo que representa un problema grave para erradicar la violencia de género.

Las razones que dan las mujeres para no denunciar son que creen que se trató de algo sin importancia, por sus hijos, por vergüenza, por miedo, porque no sabían que podían denunciar o porque no confían en las autoridades, detalló el instituto en un comunicado.

Por separado, la Red por la Infancia exigió, en un pronunciamiento, el respeto al derecho de las niñas a una vida libre de violencia, pues mujeres que fueron violentadas en su infancia son más propensas a serlo también en la etapa adulta.

A su vez, el arzobispo de Tuxtla, Rogelio Cabrera López llamó a terminar con las agresiones en contra de este sector y destacó la importancia de educar en valores para evitar conductas que atentan en contra del derecho de las mujeres a desarrollarse en un ambiente libre de violencia.

Es necesario seguir educando en la familia, en las instituciones y autoridades en valores que vayan erradicando todo tipo de cultura contraria a este derecho: el machismo, la intolerancia, la discriminación... No se puede hablar de desarrollo, cuando no se respetan los derechos elementales en la equidad, aseveró.