La disidencia magisterial de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) prepara una demanda contra el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, por desacato a una orden judicial que niega la toma de nota al comité seccional encabezado por María Teresa Pérez Ramírez –dirigente muy cercana a Elba Esther Gordillo–, para el periodo 2008-2012.

Pese a la orden judicial, ratificada en última instancia el pasado 13 de septiembre, las autoridades educativas federales siguen otorgando las prerrogativas y recursos económicos al comité que ha sido desconocido por la autoridad judicial.

En una carta dirigida a Lujambio, el secretario general del comité ejecutivo seccional de la novena, Francisco Nicolás Bravo Herrera, le solicita que “tome las medidas necesarias a fin de que quien se ostenta como ‘comité seccional legal’ encabezado por María Teresa Pérez Ramírez, deje de tener las concesiones que hasta hoy ha tenido, como contar con más de 400 comisionados liberados de tiempo que cobran del erario”. De acuerdo con estimaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dichos comisionados han cobrado más de 200 millones de pesos.

Gestión de citas

A casi cuatro meses de la resolución definitiva del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo en el Distrito Federal –notificada a la autoridad educativa–, las cosas siguen igual, e incluso la dirigencia seccional mantiene el control de los folios de las solicitudes para préstamos económicos a los profesores.

Además, maestros de la secciones 9,10 y 11 del Distrito Federal realizaron ayer una marcha de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la de Gobernación, para exigir el cumplimiento de la ley de orden judicial que desconoce al comité espurio de Teresa Pérez, así como respeto a una serie de derechos laborales y docentes que pretende ignorar la autoridad educativa, dijeron.

Atendidos por personal de la unidad de atención a organizaciones sociales, en Gobernación, la dependencia sólo se dio por enterada de la orden judicial, sin emitir otro pronunciamiento, y sirvió de intermediaria para confirmar citas con diversos funcionarios del Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la SEP, el 2 y 6 de diciembre.

Desde las 10 horas, decenas de profesores, principalmente mujeres, se concentraron en la Plaza de Santo Domingo para iniciar la marcha por las principales calles del Centro Histórico en su trayecto hacia Gobernación; las calles que rodean a la dependencia fueron cerradas por elementos de la Policía Federal, sin que se presentara ningún incidente entre maestros y uniformados.

Entrevistado al término de las negociaciones –que duraron más de dos horas–, Bravo Herrera dijo que han expresado al propio Lujambio que el magisterio disidente –dada la situación legal prevaleciente– está en la mejor posición de realizar inmediatamente un congreso seccional con estricto apego a la ley, y respetar los resultados, en el cual los profesores elijan libre y democráticamente a sus representantes, sin imposiciones de la cúpula de Elba Esther Gordillo.