on el registro de una planilla única, la encabezada por Martín Esparza Flores, concluyó ayer la primera etapa del proceso electoral para renovar la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que continuará con las votaciones a realizarse entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre y deberá finalizar con el reconocimiento oficial de una nueva representación gremial, mediante la entrega de la toma de nota correspondiente.

Se asiste, pues, a la posibilidad de que en días próximos pueda destrabarse uno de los factores del conflicto entre el gobierno y el propio SME: cabe recordar que con la negativa a reconocer a la dirigencia encabezada por el propio Esparza, y con la toma de partido en favor de una disidencia minoritaria al interior del sindicato, el gobierno federal creó y alimentó un entorno de crispación y provocaciones que marcó los días previos a la extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. La intromisión gubernamental en la vida interna de la organización fue sucedida por una campaña de descrédito y acoso en contra de sus integrantes y líderes y, en los meses posteriores a la desaparición de LFC, se emprendieron diversos intentos por desarticular al movimiento electricista y se acusó a los propios trabajadores de ese gremio de emprender acciones de sabotaje a la red eléctrica del centro del país.

Ahora, los más de 16 mil trabajadores que permanecieron en resistencia y declinaron participar en el proceso de liquidación que emprendió el gobierno federal, renovarán la dirigencia de un gremio que, a pesar de la extinción de su fuente de trabajo, conservó siempre existencia institucional, vigencia y regularidad en su vida interna. Frente a ello, resulta preocupante la cerrazón y la inconsecuencia del gobierno: el jueves, el titular del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, indicó que la elección no implica un cheque en blanco para el SME, y negó que pueda darse la recontratación de sus agremiados por la Comisión Federal de Electricidad o la creación de un organismo público para el abastecimiento de fluido eléctrico en la zona centro del país, operado por los ex trabajadores de LFC. Dicho mensaje lleva implícita una aseveración de que la organización sindical ha perdido su razón de ser y cabe preguntarse, entonces, de qué serviría que la dirigencia sindical pueda recuperar su personalidad jurídica, como señaló el propio Lozano, si no podrá defender los intereses de sus agremiados.

La persistencia del conflicto laboral y el fracaso gubernamental en el intento por desactivar las protestas de los electricistas debieran llevar al gobierno a considerar y privilegiar la vía del diálogo y explorar todas las posibilidades de solución, entre las que se tienen que incluir la recontratación de los trabajadores y la creación de una nueva compañía generadora y distribuidora de electricidad, o bien de una división especial al interior de la CFE para atender el centro del país. Las consideraciones anteriores se ven reforzadas si se toma en cuenta el pésimo desempeño de la paraestatal durante el último año, que ha colocado a la zona centro del país, incluida su capital, en situación de precariedad y riesgo ante las constantes fallas en el suministro eléctrico. La rectificación de la autoridad en el conflicto con el SME es necesaria, y lejos de exhibir debilidad, demostraría altura de miras, oficio político y responsabilidad gubernamental.