La reforma del presidente Felipe Calderón contra el lavado de dinero se enmarca en su intención de crear un Estado policiaco. No puede aprobarse en sus términos, ya que acaba con el principio de presunción de inocencia y pretende convertir a abogados, notarios, agentes inmobiliarios y otros profesionistas en delatores de sus clientes, advirtieron los senadores Pablo Gómez, del PRD, y el petista Ricardo Monreal.

Coincidieron en que se trata de normas propias de regímenes dictatoriales, por lo que no ha logrado consenso.

Incluso el senador del PAN José Isabel Trejo manifestó que no será posible dictaminarla en las seis sesiones que faltan, y coincidió en que es difícil que esa iniciativa se apruebe en sus términos, pues incluye penas excesivas y propuestas exageradas. Por ello, a su juicio, es mejor que quede pendiente para el periodo de sesiones de febrero.

El pasado 25 de agosto Calderón hizo llegar a la Comisión Permanente –que la turnó al Senado– la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, en la cual se propone sancionar hasta con 15 años de prisión a prestanombres o testaferros de narcotraficantes y otros criminales, aún cuando desconocieran el origen ilícito de los recursos u operaciones en que estén involucrados.

Se tipifica como delito grave las omisiones negligentes de profesionistas, empleados y funcionarios públicos que no se cercioren de la procedencia legítima de operaciones financieras o permitan a los delincuentes evadir sus responsabilidades penales.

Todos implicados

Pablo Gómez expuso que actualmente es delito realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en la propuesta de Calderón ya no será necesario probar que se trata de dinero sucio, por lo que todo mundo va a caer en ese delito.

A su juicio, es conveniente dedicar los dos meses de receso legislativo al análisis de esa reforma. Se requiere una revisión completa, exhaustiva y en dos semanas no se va lograr, ya que hay puntos de vista confrontados en el Senado.

Hizo notar que durante todo su sexenio Calderón ha hecho llegar al Congreso iniciativas que vulneran los derechos humanos, entre ellas las de arraigo –donde se quita al acusado el derecho de comparecer–, la figura de testigo protegido y la incomunicación de reos.

Además, agregó, hay una trampa, ya que el Ejecutivo acusa de proteger a la delincuencia a todos aquellos que se oponen a establecer en la Constitución y las leyes medidas propias de un Estado policiaco. Eso no es cierto. Estamos defendiendo las libertades de los mexicanos y tratando de impedir que se legalice la arbitrariedad de las autoridades.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, expresó que se trata de una ley regresiva, la cual viola el principio de presunción de inocencia, ya que no excluye de responsabilidad penal a quien participó en una operación de lavado de dinero sin conocer el origen ilícito de los recursos, además de que pretende obligar a notarios, abogados y agentes inmobiliarios a actuar como delatores de sus clientes.

Es una modificación que no puede pasar como está, ya que es persecutoria y ahuyenta la inversión al presuponer que todo aquel que realiza operaciones en efectivo superiores a 100 mil pesos es un potencial integrante del crimen organizado.

Monreal destacó que están en favor de una legislación que ataque el lavado de dinero, pero no mediante acciones draconianas contra toda la sociedad.

A su vez, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo, reveló que a ese organismo le correspondía elaborar una opinión de la reforma presidencial, pero ni siquiera sobre ello se han podido poner de acuerdo. No veo que se pueda procesar en las pocas sesiones que faltan. Lo mejor es seguir estudiándola para ver que se apruebe en el periodo de febrero.