Insuficientes, las pruebas albiazules sobre presunto desvío de recursos públicos, asegura
Domingo 28 de noviembre de 2010, p. 35
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de gobernador en Aguascalientes, por lo que el priísta Carlos Lozano de la Torre podrá rendir protesta al cargo este 1° de diciembre.
El máximo tribunal del país no concedió la revocación de la constancia de mayoría del PRI pues –concluyó– las pruebas del PAN sobre la contienda del 4 de julio no tuvieron soporte ni fueron probadas; es decir, no se aportaron pruebas para demostrar el desvío de recursos públicos; tampoco inequidad ni denostación en medios, imparcialidad de las autoridades ni rebase de topes de gastos de precampaña y campaña.
El blanquiazul había alegado, además, inelegibilidad de Lozano por tener nacionalidad estadunidense; una supuesta estrategia de persecución política contra su abanderado Martín Orozco Sandoval; actos anticipados de precampaña y campaña, uso de símbolos religiosos y proselitismo durante los tres días previos a la elección y durante la propia jornada.
Según el criterio del TEPJF, sólo se demostraron dos irregularidades no determinantes para el resultado
: la difusión ilegal de un espot y entrega de propaganda el mismo día de la elección. Al final, sólo será sancionado el dueño de una tortillería que usó propaganda priísta para envolver su producto.
Si bien hubo conductas de poderes formales y fácticos
–como mencionó el magistrado Constancio Carrasco– en favor del candidato de la alianza integrada por PRI, partidos Verde y Nueva Alianza, esto no fue suficiente para anular la elección.
Con diversos argumentos y matices precisaron que aun cuando se comprobaron un par de irregularidades que deberán ser investigadas y sancionadas, la labor del TEPJF es analizar la validez y el correcto conteo de los votos depositados en las urnas.
Los magistrados argumentaron que este tribunal “no puede ni debe fundar sus resoluciones en presunciones, sino en hechos plenamente acreditados.
Los magistrados que validaron la elección fueron: Constancio Carrasco, Flavio Galván, José Alejandro Luna y Pedro Esteban Penagos, así como la magistrada presidenta María del Carmen Alanís, quien estuvo a cargo del proyecto finalmente aprobado.
Señalaron que la voluntad de los electores de Aguascalientes se manifestó con 429 mil 308 votos.
En contra sufragó Manuel González pues, en su opinión, el candidato panista Martín Orozco no tuvo toda la libertad ni garantías para competir en estos comicios por los actos de distintas autoridades administrativas y penales, de las cuales debió defenderse, en lugar de ocuparse de su campaña.
Por ello consideró que sí se violaron los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
En el mismo sentido, Salvador Nava advirtió que Orozco Sandoval fue objeto de una perse- cución política
, producto de un concierto de voluntades
de diversas autoridades locales para afectar la candidatura panista.
Cabe destacar que hubo actos administrativos y penales contra Orozco (se alegó que el aspirante panista tenía auto de formal prisión) por lo que no podía ser registrado como candidato, aunque ese criterio no fue tenido en cuenta por el TEPJF.
En Aguascalientes, Orozco Sandoval ofreció una rueda de prensa en la sede estatal panista, en la que se dijo triste
por el fallo del TEPJF, que rechazó su petición para anular los comicios del 4 de julio. Fui un perseguido político, pero desafortunadamente no tuve pruebas para comprobarlo
, dijo.
Sobre la decisión del contralor del Congreso local, Salvador Farías Higareda, de vetarlo para ocupar cargos públicos en los próximos siete años por uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias, Martín Orozco advirtió: “En cuestión de días echaré para abajo la inhabilitación que tengo en mi contra pues esto es parte del mismo show mediático”.
